La piedra de toque catalana
El follón montado en torno al nuevo Estatut de Catalunya era perfectamente previsible, y de hecho fue previsto por muchos de nosotros. La irresponsabilidad manifiesta de Zapatero, un trilero de la política; el auge del pensamiento único nacionalista en Cataluña, promovido por un establishment incómodo con la democracia; la chapuza constitucional de que no exista un recurso previo de inconstitucionalidad para las leyes orgánicas (fuimos el primer partido que puso su implantación en el programa y que lo llevó al Congreso de los Diputados); la puesta de la administración de justicia al servicio de los partidos, cuya máxima expresión es la incompetencia e inoperancia del Tribunal Constitucional; la ambigüedad y oportunismo del PP al aprobar en otros estatutos de autonomía lo que ha recurrido en el catalán (como la “cláusula Camps” del estatuto valenciano), dando así razones a quienes claman que los catalanes son discriminados porque se les niega lo que se aprueba para otros, todos estos y otros factores han coincidido y puesto de manifiesto en el conflicto suscitado por la tramitación del nuevo estatuto catalán. Nadie debería sorprenderse por un drama perfectamente anunciado y cuyos elementos de explosiva mezcla estaban a la vista de todos.
Es verdad que ahora la cosa se ha enriquecido con el manifiesto titulado, con esencialismo nacionalista, “Por la dignidad de Cataluña”, publicado unánimemente por los periódicos catalanes en papel y algunos digitales. Esta sospechosa unanimidad es la consecuencia de la desaparición práctica de la prensa independiente, pues los grupos de comunicación actuales no sólo forman parte ellos mismos del establishment que debería ser objeto de su escrutinio crítico, sino que sencillamente es una prensa comprada mediante subvenciones y dádivas de todas clases, sea en forma de subvención directa, de gravosa publicidad institucional o de créditos de las cajas de ahorro que controlan los partidos (además de los anuncios de prostitución que encubren conductas delictivas). Es solamente la guinda que corona la pringosa tarta en que ha devenido la democracia fundada en la Transición. Hora es ya de cambiarla, pero para eso hace falta tener un plan.
Desde luego, no hace falta ni decir que negarse a acatar la resolución del TC, sea la que sea, es un ataque directo a las bases de la democracia. Incluso si aquella fuera favorable, lo que procedería es pedir la reforma de la Constitución para que no cupiera la maniobra a la que llevamos tantos años asistiendo: la reforma subrepticia y por la puerta trasera –y ahora, mediante los hechos consumados- de la ley suprema. Esta es, por cierto, la cuestión política más grave implicada en el proceso de reformas estatutarias iniciado en Cataluña: que a los ciudadanos españoles, a la nación constitucional, se le está cambiando la forma del Estado, y por tanto sus derechos y obligaciones, sin consultarles ni explicarles claramente lo que pasa. Con el Estatuto catalán, y con todos los demás aprobados en su huella y a su estilo, España se está convirtiendo en una confederación, ni más ni menos.
El “Estado de las autonomías”, ese eufemismo de urgencia para eludir la palabra “federal” (palabra maldita para cierta mentalidad intolerante demasiado extendida todavía en nuestro país), se está convirtiendo en algo completamente distinto, un agregado confederal de entidades de distinto poder, viabilidad y futuro, flojamente hilvanadas por un Estado cada vez más débil. Esto es lo que hay, y sobre lo que nadie nos ha preguntado nunca. En cualquier caso, Cataluña no es La Rioja ni Extremadura, para citar dos socios menores de la chapuza confederal en curso de gestación. Y si la minoría que domina Cataluña mediante el control de todos sus resortes institucionales, de la prensa “independiente” a los clubs de fútbol –minoría, sí, pues recordemos que el Estatut fue aprobado por menos del 36% de los catalanes con derecho a voto-, decide seguir adelante en la política de hechos consumados, negándose a aceptar cualquier resolución del TC que juzgue contraria a su “dignidad” (a su poder), ¿qué haría el gobierno del Estado presidido por Zapatero, un hombre de ilimitada capacidad para el error, la manipulación y el ridículo? Mejor no dar ideas.
Y aquí me parece oportuna una pequeña reflexión sobre la utilidad de ese Estado federal cooperativo que hemos aprobado en nuestro Congreso como modelo a debatir cuando se abra una verdadera reforma constitucional.
En un Estado federal nunca se habría abierto un proceso de reforma estatutaria como el que hemos sufrido, ni sería posible considerar siquiera el tipo de bilateralidad Estado-Cataluña que instaura el Estatuto recurrido. Para entendernos, es como si Texas, o California, aprobara una nueva Constitución estatal instaurando la bilateralidad confederal con el resto de los Estados Unidos: allí ya tuvieron una guerra civil por algo parecido, así que ¿se imagina alguien una situación semejante? En cambio, en la república federal de Alemania hemos asistido hace poco a una cesión de competencias de los lander en beneficio del gobierno federal, a pesar de que algunos de ellos podrían alegar haber sido en un pasado reciente auténticos Estados soberanos, como Baviera o Sajonia, por no hablar de Prusia. Esa es la ventaja del federalismo sobre el caos autonómico español: hay unas reglas claras, con límites a los que todo el mundo sabe que deberá atenerse salvo que desee dinamitar el país. Precisamente lo que está ocurriendo en España por carecer de reglas constitucionales claras e iguales para todos, y de límites inviolables para la rapacidad localista. Y que todavía haya quien no quiera entenderlo…
9 comentarios a “La piedra de toque catalana”
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- Fox Business News – The future of Gold « Get Financial News - [...] La piedra de toque catalana « Carlos Martínez Gorriarán Share…
El editorial conjunto es un acto de presión desmedido. Ningún problema en que cada uno exprese su opinión. Pero hay temas más dignos de un editorial conjunto como por ejemplo la corrupción, desde Gurtel hasta Millet, o el terrorismo.
Realmente hace falta una reforma de la Constitución. Lo que faltan son las ideas y la gente dispuesta a hacerla. Y el problema no es Cataluña, ni mucho menos los catalanes. El problema está en toda España de una forma u otra. Derechos forales, deudas históricas, comisiones bilaterales que pactan las inversiones del estado. Se nos ha ido la cabeza.
Se han formado 17 castas oligárquicas de sátrapas regionales que dedican la mitad del tiempo a saquear sus dominios y la otra mitad a ver qué se pueden llevar de los vecinos. Pero ningún editorial conjunto habla de este tema.
Aprovecho para felicitaros por el resultado del Congreso de UPyD.
«Esta sospechosa unanimidad es la consecuencia de la desaparición práctica de la prensa independiente». Esta frase es perfecta, Carlos. Sólo faltaron en el «circo» el «Sport» y el «Mundo deportivo» porque, a fin de cuentas, hasta principal club deportivo catalán, el F.C. Barcelona, está totalmente politizado y el próximo domingo lo vamos a comprobar todos los españoles en el clásico partido de fútbol Barcelona-R.Madrid.
No me parece aceptable decir que la palabra «federal» se elude en la Constitución por ser «maldita para cierta mentalidad intolerante demasiado extendida todavía en nuestro país». Creo que lo que sí es intolerante y atrasado es decir algo así, y de forma tan gratuita, de los que no creemos ni queremos el federalismo para España. Ser federalista, centralista, autonomista e incluso independentista o anarquista, en sí mismo no es intolerante. La intolerancia está en la forma en que se proponen, redefienden o se imponen las ideas.
La cuestión actual es, precisamente, que el Estatuto de Cataluña es presumiblemente contrario a la Constitución actual, y concretamente a lo que dispone en cuanto al modelo de estado y de nación. El hecho es que la Constitución está siendo violada con la complicidad y dejación de todos los poderes públicos que deberían velar por el orden constitucional. Complicidad del Gobierno que instigó ese Estatuto, y complicidad del Parlamento que lo aprobó. Dejación del Tribunal Constitucional que tarda más de 3 años en deliberar, dejando que se aplique impunemente. Y complicidad nuevamente del gobierno que ante los ataques y presiones, no defiende la legitimidad del Parlamento para rechazar el Estatuto, ni la del Tribunal Constitucional para juzgarlo.
El problema y la solución no pasan por la Constitución y su reforma, sino por la deliberada ineficacia de lo que deben velar por su cumplimiento.
Pero incluso si para evitar lo que está sucediendo, planteamos una reforma de la Carta Magna, no parece que sea el modelo de Estado lo que habría que modificar, sino otras cuestiones como la conveniencia de que las leyes (al menos las más importantes como los Estatutos) se sometan a un dictamen preliminar del Tribunal Constitucional antes de ser sometidas a referéndum y aplicadas. Como la experiencia demuestra que los Estatutos no afectan sólo a la Comunidad Autónoma correspondiente (por algo son aprobados por el Parlamento de España y no sólo por el autonómico), también sería lógico que se sometieran a referéndum en toda España y no solo en la Comunidad Autónoma de turno.
“En un Estado federal nunca se habría abierto un proceso de reforma estatutaria como el que hemos sufrido, ni sería posible considerar siquiera el tipo de bilateralidad Estado-Cataluña que instaura el Estatuto recurrido.” ¿Por qué?
“Es como si Texas, o California, aprobara una nueva Constitución estatal instaurando la bilateralidad confederal con el resto de los Estados Unidos: allí ya tuvieron una guerra civil por algo parecido, así que ¿se imagina alguien una situación semejante?”. O sea que es la guerra lo que evitó y evita la secesión y no el propio estado federal que existía previamente y no evitó aquel intento de secesión.
“En la república federal de Alemania hemos asistido hace poco a una cesión de competencias de los lander en beneficio del gobierno federal, a pesar de que algunos de ellos podrían alegar haber sido en un pasado reciente auténticos Estados soberanos”. ¿Pero cuándo han sido estados soberanos el País Vasco o Cataluña?. La cuestión no es si un territorio ha sido o no estado federado alguna vez en los últimos 3.000 años, sino si en un país hay o no presiones nacionalistas independistas. En Alemania no las hay y en España sí. Por eso, en Alemania aunque haya federalismo no hay tensiones rupturistas ni independentismos.
La realidad es que en aquellos países que sí tienen movimientos nacionalistas o independistas, la aplicación del Estado Federal para apaciguar y calmar esas tensiones es inútil. Ahí están las federaciones de Yugoslavia o de Rusia. El error del Estado de las autonomías (efectivamente un Estado Federal con otro nombre) fue ese precisamente. Lo que nos ha llevado a la situación actual de independentismo vasco y catalán en España han sido estos 30 años de federalismo fallido. Un federalismo que se instauró precisamente como una forma de reducir esas presiones nacionalistas, y que sólo ha servido para aumentarlas. Por eso, la solución, si es que la hay, no puede pasar por más federalismo.
De los poderes que mencionas no hay ninguno en Cataluña que quiera saber de autonomismo o de federalismo.Son expresiones para realidades no asumidas y a las que hay que soslayar. Es igual una denominación que otra. La actitud, si posible, es una serie de puntos claves para la igualdad de tdos los ciudadanos y la base es un gobierno fuerte para un Estado fuerte.Los votos de Upyd son de esta índole en el futuro
La reforma de la constitución es ya inevitable, parece ser la única salida política a este embrollo. Nosotros tenemos ya tal determinación y un programa en este sentido. Plantear la reforma tiene la ventaja adicional de que los que quieren imponer el estatut abogan por una salida en los mismos términos.
Hagamos que el preceptivo referéndum que exige la aprobación de tal hipotética reforma sirva además de acto de afirmación de la unidad de España.
Es mi humilde opinión.
Yo sí considero indispensable rescatar el sentido verdadero de las palabras en la lucha política. Un régimen federal es la forma más eficaz de unidad en una nación tan diversa como la española pues establece un poder central con las competencias fundamentales de gobierno, aquellas que garantizan la igualdad de los ciudadanos, y unas administraciones regionales, siempre de inferior rango, para asuntos específicos que convenga descentralizar.
Lo que no tolera el concepto federal es el adjetivo «asimétrico» (aquella perversión que proponía Maragall) pues implica desigualdad ni tampoco el confederalismo (agrupación eventual de partes independientes con freno y marcha atrás siempre dispuestos, que es lo que pretende la oligarquía que domina la autonomía catalana).
Es cierto que el PSOE ha contaminado de confusión la palabra «federal», como tantas otras cosas, pero me parece un gran acierto que UPyD se la arrebate, precisamente para limpiarla y devolvérsela como instrumento utilísimo de unidad a los españoles. Lo que resulta evidente es que los partidos antiespañoles (en Cataluña todos menos UPyD, Ciudadanos y medio PP) están en contra de la España Federal, precisamente porque es una propuesta de unidad inteligente que los dejaría desarbolados en la teoría y la práctica.
¿Que los militantes de UPyD deberán hacer un esfuerzo pedagógico en el electorado para rescatar el significado verdadero de esa palabra? Cierto. Pero en esa guerra de los conceptos adulterados por la camarilla zapateril nos lo jugamos todo. En Cataluña, el daño ha sido especialmente grave, a la vista está.
Ninguna reforma legal, constitucional, ni reglamentaria va a ser capaz de restaurar la ética y la estética política NAZI-onalista.
No me puedo rasgar las vestiduras por que unos estómagos agradecidos actúen a la voz del amo que les da de comer. El clientelismo que expande el NAZI-onalismo para mantenerse y mantener a sus acólitos cerca o sobre el pesebre es de sobra conocido y no lo vamos a descubrir ahora con fingida sorpresa.
Tampoco me puedo sorprender por las palabras del único diputado catalán de Iniciativa, Joan Herrera, que invoca la actuación del gobierno de España para atajar el problema que puede crear el TC si falla a favor de los demandantes (de seis recursos, el PP solo ha interpuesto uno de ellos)
Este «señor» siendo parlamentario, miembro del Congreso de los Diputados, no asume, «no quiere entender» que España es un Estado de Derecho y que su régimen democrático como monarquía parlamentaria, está basado en una supuesta separación de los tres poderes del Estado.
No me puedo sorprender de ninguna manera.
Con 18 años voté NO a la Constitución al considerarla “indefinida” cuando eso solo lo preconizaban formaciones extremistas, como voté que NO a este Estatut que en nada ha variado la vida de los que vivimos en “Cataluñya”, salvo a los próximos al pesebre NAZI-onanista (quería poner una L, pero se me ha deslizado la N, un error lo tiene cualquiera)
Lo que sí me sorprende es leer determinadas cosas en este blog de Don Carlos Martínez Gorriarán.
Lo primero es la resolución de MI partido de apostar por una concepción de España como Estado Federal, ya es la segunda vez que lo leo aquí sin haber tenido noticia por ningún otro cauce, digamos mas… ¿oficial?
Además me sorprende bastante leer expresiones como la que alude a la «maldición del término federal para MENTES INTOLERANTES» o el rotundo final «Y que todavía haya quien no quiera entenderlo…»
Don Carlos, con todo respeto, consideración y la mayor tolerancia que mi pobre mente me permita, no puedo evitar trasladarle la siguiente reflexión:
La humilde actividad de mi corteza cerebral me impide a veces alcanzar el conocimiento de determinados conceptos, pero no es ese el caso de la palabra «federal»
Cuando algo o alguien se federa, se infiere que se suma, añade o une a algo o a alguien, para que de esa unión surja un ente de mayor entidad. Creo que etimológicamente ya se han dado varias argumentaciones en contra de su idoneidad para conceptuar al Estado español. Sea cooperativo, de mayor o de menor intensidad.
Por otro lado el adverbio de cantidad no es cuantificable ni escalable, por lo que depende de la subjetiva apreciación que de él, quiera hacer cada uno. En definitiva, queda sujeto a la relatividad de lo interpretable. Pero subyaciendo siempre el concepto primero: «federal»
¿Podemos abogar por un Estado de las Autonomías cooperativo y de baja intensidad? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Así llegamos a la «maldición de la palabra» que creo, no podemos evitar considerar.
Creo que efectívamente es una palabra «maldita» y entiendo que utilizarla para apellidar el estado que persigue una organización política como UPyD siembra la duda, la estrañeza, la sorpresa y la división. ¿Es necesario empecinarse con ella?
¿Es necesario utilizar términos tan peyorativos como «mentes intolerantes» o «no lo quieren entender» para dirigirse a quienes no nos gusta o no consideramos apropiada, acertada, conveniente o positiva para nuestro objetivo de aglutinar, la “maldita palabra” federal?
Son solo mis opiniones y mis sentimientos, expresados/as desde la libertad y el respeto. Un saludo.
Releyendo el texto con mayor detenimiento, encuentro alguna inexactitud, así como detecto un tono excesivamente despectivo (también) para nuestro actual ordenamiento constitucional:
– «la chapuza constitucional de que no exista un recurso previo de inconstitucionalidad para las leyes orgánicas»
El recurso previo de inconstitucionalidad SÍ existió y fue en 1985 cuando se revocó. ¿Las razones? Supongo que habría que buscarlas en el abuso que desleales políticos hacían del mismo, con el resultado consiguiente de colapsar el TC e impedir la agilidad necesaria en la aplicación de las nuevas leyes que se fueran aprobando. Del abuso en la búsqueda y aplicación de los resquicios que toda ley tiene, hay numerosos expertos en nuestra vida política nacional. Y los vientos que se siembran irresponsablemente, a menudo desembocan en futuras tempestades.
– «Es solamente la guinda que corona la pringosa tarta en que ha devenido la democracia fundada en la Transición. Hora es ya de cambiarla, pero para eso hace falta tener un plan.»
Insisto en que un texto tan abierto como indefinido, el de nuestra vigente Constitución de 1.978 adolece del mismo mal que la reciente y sorpresiva denominación del Estado que se designa como «federal cooperativo de baja intensidad» y que propugna ahora UPyD.
Todo lo que queda sujeto a la buena (o mala) fe de la interpretación, a la subjetividad de la semántica o la etimología, es susceptible de abuso y manipulación, pero el mal no está contenido en el texto, sino en la torticera intención del manipulador.
– «lo que procedería es pedir la reforma de la Constitución para que no cupiera la maniobra a la que llevamos tantos años asistiendo: la reforma subrepticia y por la puerta trasera –y ahora, mediante los hechos consumados- de la ley suprema»
Insisto también en que ninguna reforma legal, del tipo que se quiera, va a restaurar la ética de quienes siempre van a estar prestos a la búsqueda y al abuso de los resquicios y triquiñuelas legales, que es imposible prever y neutralizar, en beneficio de sus tesis, de su conveniencia o de sus intereses.
El viejo aforismo maquiavélico de la justificación de los medios supeditando su legitimidad a la del fin perseguido contamina la ética y la moral política de tal forma que resulta impensable erradicarla mediante una simple reforma en un texto legal.
– «chapuza confederal en curso de gestación.»
Insisto también en que no se puede considerar el empleo de términos como «federal» o «confederal» por que ambos designan una misma cosa, aunque por el empleo distinto de cada uno, en la práctica tengan ambos distintas cargas «malditas»
Si se puede considerar «maldita» (como parece que se pretende por parte del autor del texto) la palabra confederal, no termino de entender por qué otras razones el propio autor carga contra quienes entendemos que la misma carga «maldita» la posee la palabra «federal»
Entendería más ajustado y ecuánime hablar de la «chapuza autonómica, todavía en curso» y en cualquier caso, para designar el modelo de Estado con una «cierta» (apellido también incuantificable) descentralización, considero que habría que hablar de Estado «segregal» o Estado «disgregal» debido a que se configura por la división, segregación o disgregación de un TODO inicial (al menos desde que en 1.492 se incorporó el Reino de Granada a la corona de los Reyes Católicos.
No se configura el Estado español por la federación, ni por la confederación de entes menores. La Nación española, la Patria hispana, el Reino de España, “Estepaís” o como quiera cada uno denominarlo surge de la sucesiva confluencia de los distintos reinos sobre la soberanía de una sola corona. Incluso la Iª y la IIª República, la monarquía de Amadeo I (de Saboya) o el cambio de dinastía a la de los Borbones se instauran sobre la realidad territorial única. Pero en la transición, a la hora de concebir el Estado de la nueva Constitución, se sacan de la chistera el “autonomismo” para dar satisfacción a las exigencias NAZI-onalistas vasca y catalana, creyendo ingenuamente que esta concesión colmará sus aspiraciones. De aquellos vientos…
Lo que en realidad se hace es sentar la base para poder segregar parcialmente dos partes de un único todo, pero que a la postre se generaliza con el “café para todos” y sale este descafeinado batiburrillo de 17 territorios autónomos (lo de autonómicos es otro “feliz alumbramiento” de algún “iluminado lingüista”) en la administración de determinados servicios públicos, supuestamente para acercarlos a la ciudadanía para conseguir la “democratización” (otra chorrada enorme) del aparato del Estado. Con estos mimbres se ha entrelazado este cesto que hace aguas por todos sus agujeros.
– “Y aquí me parece oportuna una pequeña reflexión sobre la utilidad de ese Estado federal cooperativo que hemos aprobado en nuestro Congreso como modelo a debatir cuando se abra una verdadera reforma constitucional.”
La reforma constitucional que se pretende, nunca va a ser impulsada por ninguno de los dos partidos mayoritarios, por que las exigencias procedimentales que la propia Constitución establece son electoralmente inasumibles para sus intereses partidistas. Por no hablar de las mayorías exigidas para lograr el consenso suficiente, donde cada uno aprovechará para transaccionar y meter su cuchara en la olla de esa sopa boba. Creo que esto solo se puede plantear mediante la aspiración a alcanzar una mayoría suficiente (posiblemente solo la absoluta lo permita) y tras impulsarla nosotros mismos, recabar los apoyos suficientes para definir los cambios que más convienen al conjunto de los españoles, sin cabida para los dispares intereses partidarios. Y todo esto, no es que sea difícil, es que es impensable en el medio plazo.
Por otro lado no termino de ver la reflexión, y menos aún la utilidad del modelo.
“Esa es la ventaja del federalismo sobre el caos autonómico español: hay unas reglas claras, con límites a los que todo el mundo sabe que deberá atenerse salvo que desee dinamitar el país. Precisamente lo que está ocurriendo en España por carecer de reglas constitucionales claras e iguales para todos, y de límites inviolables para la rapacidad localista.”
Continúo sin ver la ventaja del federalismo. El actual sistema de control constitucional tiene unas reglas y unos límites que se han quebrantado y traspasado. No solo eso, sino que los propios poderes públicos y quienes tienen la responsabilidad de representar a sus votantes no reconocen la propia separación de poderes, ni la concepción de nuestro Estado de derecho, ni la letra y el espíritu de la propia Constitución. Así, lo mismo da federalismo, confederalismo, autonomismo o como quiera cada quién llamarlo.
No podemos pensar que con el empleo de una palabra, sea maldita o no, podemos cimentar ninguna solución a este caos. No podemos ser tan inocentes, la política es… “otra cosa”
Quien teniendo el poder legítimo del Estado no usa la ley que lo sustenta lo aboca a la guerra que lo recrea. Si el Estado falla la guerra lo recompone pues en el hombre aún produce más pánico el vacío de poder: la originaria guerra alumbra al Estado, tantas como casos haya.