El hundimiento (a cámara lenta) de la Transición
Ha hecho falta que Obama llamara el martes a Zapatero exigiéndoles medidas de recorte del gasto público, porque el default de la economía española puede agravar la crisis mundial, para que el gran ignaro subiera hoy a la tribuna del Congreso y anunciara una batería de medidas de ahorro que se pueden resumir así: hacer pagar la crisis a quienes tenemos menor capacidad de presión sobre el Gobierno. Y eso se traduce en suspender en la práctica la aplicación de la Ley de Dependencia (que ya venía siendo caótica o imaginaria), congelar las pensiones, apretar los tornillos a la industria farmacéutica y, sobre todo, bajar el sueldo de los funcionarios una media del 5% (que en muchos casos se acercará al 10%). Este último despojo será sin duda popular, porque muchos olvidan, cuando oyen el término funcionario, que se trata de bajar el sueldo al maestro de sus hijos, al médico y la enfermera que les atienden, o al bombero, el policía y el militar que se juegan el tipo por su seguridad. Unamos esta batería de medidas al incremento del IVA, que pagan por igual millonarios y desempleados sin ayudas públicas, la ausencia de cualquier reforma fiscal que afecte a las SICAV y similares, añadamos que no hay ninguna previsión de reducción del Gobierno ni sobre todo de las elefantiásicas administraciones autonómicas y municipales, y se acaba dibujando una “salida de la crisis” grotescamente reaccionaria, carente de la más mínima equidad y solidaridad social o racionalidad política.
Hemos repetido infinidad de veces que la crisis económica está empeorada en el caso español por una crisis política sin precedentes. Hemos explicado una y otra vez que si el Estado español ha renunciado a la política monetaria a cambio de entrar en la zona euro, también ha renunciado al control de la política fiscal al haber transferido la parte del león del gasto público, sin ningún control digno de ese nombre, a las CCAA y ayuntamientos. Parece que en España muchos no se han enterado o no quieren enterarse de que ese desmantelamiento del Estado, del que unos pocos se han beneficiado escandalosamente, convierte a éste en ingobernable; ni siquiera el PP que, junto a medidas anticrisis sensatas (encoger el tamaño del Gobierno central), renuncia a entrar en la madre del cordero del gasto público de CCAA y ayuntamientos (pues es más fácil meterse con los sindicatos paniaguados que con Aguirre, Camps, Feijoó o Gallardón). Pero resulta que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea sí se han dado cuenta de que esta es la realidad que en España no se quiere ver. Y por eso han impuesto, como precio de la garantía de ayudas contra la suspensión de pagos, que la política fiscal española sea supervisada y controlada por el FMI y el Ecofin. Dicho en plata: como cualquier país subdesarrollado, España ha perdido la soberanía fiscal y el control de su gobierno económico. Es la consecuencia del fracaso del Estado de las Autonomías pactado en la Transición y del abusivo sistema clientelar de partidos crecido a su calor.
Los datos no mienten: en la actualidad, la Administración central del Estado, donde trabajan la inmensa mayoría de empleados públicos a los que primero se disminuirá y luego se congelará el salario (320.124 trabajan para la Administración Central, excluyendo los 263.323 del ejército y fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345. 577 de empleados públicos de las CCAA), ya sólo administra el 20% del gasto público de España. Otro 29% corresponde a la Seguridad Social. Las Comunidades Autónomas administran el 36%, y los entes locales (incluidas las diputaciones forales vascas) el 15%. Sabido que no hay ninguna intención de meter mano en ese 51% del gasto público, con sus consecuencias en el déficit y la deuda –que seguirían creciendo si no lo vetaran Ecofin y FMI-, y ello porque pronto habrá elecciones autonómicas y municipales en las que PSOE, PP y nacionalistas pujarán en la subasta de promesas demagógicas, aldeanas e incumplibles para ganar el voto de ciudadanos muy despistados o demasiado ignorantes. Pero, ¿quién iba a prestar dinero al Estado para que pueda seguir pagando su deuda, pues de eso se trata y no de reactivar la economía, sin exigir primero la llave de la caja pública? ¿Quién puede fiarse de un Parlamento que aprueba en plena crisis, el año pasado, unos Presupuestos Generales del Estado completamente inviables y falsos, mediante la compra de votos nacionalistas de toda calaña? ¿Quién puede creer ya que el problema es que salga Zapatero y que entre Rajoy, cuando la mala administración es la misma en Barcelona, Valencia y Madrid? Nadie en sus cabales. He aquí que hemos descendido al nivel, ya predicho, de la monarquía bananera de Europa. Demasiado pesados para abandonarnos a nuestra suerte, demasiado irresponsables como para dejarnos el control.
Son Zapatero y su partido –“críticos” cómplices incluidos- los responsables principales de la debacle. Pero no le van a la zaga unos socios nacionalistas y un PP que han estado haciendo en sus feudos lo mismo que critican al Gobierno central, esperando que el deterioro de la situación hiciera caer la victoria electoral como fruta madura. A estos responsables hay que añadir las asociaciones patronales y los sindicatos, los grandes grupos de comunicación, las cajas de ahorros y las empresas constructoras y bancos que han financiado todos estos años este sistema condenado al fracaso. Así que el sistema político-financiero creado en la Transición ha naufragado de modo irremisible. Sí, ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo, y que siguen siendo mayoría los partidarios de recetas milagrosas, como que el PP gane las elecciones para que todo siga como está echando la culpa a Zapatero por la herencia dejada. Es sabido que mientras se hundía el Titanic, lentamente (era muy grande), la orquesta seguía tocando bailables, los oficiales trataban con cortesía a las damas y pateaban a la tercera clase, y había quien estaba más preocupado por la temperatura del champagne que por el caótico derroche de botes salvavidas. Pero eso no evitó que el Titanic se hundiera.
Muy buen diagnóstico señor Gorriarán, excepto en la tópica descalificación del IVA porque, supuestamente van a pagar más los pobres. Olvida que el IVA es modulable y que quien más gasta y productos de más alta gama consume (el rico) acaba pagando más… Le invito a reflexionar sobre los planteamientos del profesor Götz W. Werner, empresario de éxito, filósofo y profesor de la Universidad de Karlsruhe sobre «el único gravamen que es razonable y justo». Se trata del fundador de la cadena de droguerías alemana DM, con 1.600 tiendas… Lo cual supone un cambio de mentalidad, un Progreso que, por cierto haría honor a la segunda letra de UPyD
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/empresario-aleman-propone-cobrar-800-euros-trabajar/20070502cdscdiemp_24/cdsemp/
http://ramiropinto.es/2010/03/16/explicar-iva/
El problema es muy otro ¿qué se va a hacer con el dinero recaudado? ¿seguir manteniendo el sistema obsoleto sin efectuar reforma estructural alguna, seguir alimentando el déficit hasta la bancarrota? Estoy de acuerdo con fiscalizar a las sicav, es más he defendido en no sé cuantas tribunas que urge más la reforma fiscal que la laboral; sin descartar esta última pero después… Lo malo es que ni Ud. ni UPyD nos indican una estrategia o un modo de proceder sobre el asunto, no nos dicen cómo van a hacer, en concreto lo que otros hacen tan mal. Lejos de mi ánimo ofender, pero, por lo que he rastreado, no ofrecen un programa económico que suponga realmente un progreso sobre las ofertas del PP y del PSOE. Me parece una rara mezcolanza de medidas contradictorias entre un keynesianismo obsoleto, unas pinceladas de liberalismo y cierto buen sentido común de tipo más bien conservador. Los hechos parecen darle la razón pues, efectivamente, parece que «el sistema político-financiero creado en la Transición ha naufragado de modo irremisible», o lo hará pronto. Entonces, lo lógico sería pedir un proceso constituyente, en vistas a refundar España, quizás como República… Lo lógico sería que UPyD impulsara, públicamente, con decisión, la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, empezando por los parados que no reciben prestación económica, según los planteamientos de la Teoría Alternativa…
Es demasiado fácil seguir con la propaganda actual de doña Rosa, entusiasmar a la gente enfadada con el PP y el PSOE, incluso con IU, con tal de que no sean capaces de ver esa falta de programa económico, más allá de las apariencias. Si UPyD fuera un poco más humilde y entraran Uds. a estudiar en serio la Renta Básica la cosa sería muy distinta, serían de los primeros de la clase y podrían presumir de un programa realmente progresista.
Me parece increíble que, a estas alturas de la película, doña Rosa se olvide del parado que acampa a las puertas del palacio de la Moncloa y sus necesidades, que representan las de muchísimas familias en igual situación. ¿Por qué no exigir a Zapatero, en el Congreso y en la calle, que abra, de una vez, la postergada Subcomisión de estudio sobre la implantación de la Renta Básica de Ciudadanía.
Es hora de tomar en serio “Los fundamentos de la Renta Básica y la ‘perestroika’ del capitalismo”, Entimema (Madrid 2003). Me extraña encontrar escasos comentarios al respecto de quienes más denigráis el sistema económico que nos oprime y que, según vosotros, funciona tan mal. ¿Conocéis acaso otra propuesta de economía política mejor frente al pensamiento económico bipolar y pendular que oscila, según toque, de Keynes a la Escuela de Chicago?
El rico paga más porque consume más. Pero con ese consumo, el rico cubre necesidades básicas que el pobre no logra cubrir.
Un jubilado que cobre sólo una pensión de viudedad de menos de 400€ cuando compra comida para reducir su hambre, paga la misma tasa de IVA (y menos IVA en términos absolutos) que un acaudalado millonario que compra percebes, langostas y otras para darse una mariscada.
El rico paga más IVA en términos aboslutos, pero el pago de ese IVA no le supone renunciar a cubrir sus necesidades básicas, al menos en la misma medida. Por tanto, en términos relativos a la capacidad económica de cada uno, paga muchísimo más IVA el pobre que el rico.
En definitiva, el IVA es un impuesto injusto en la medida en que grava igualmente a todos los consumidores independientemente de su capacidad económica para satisfacer sus necesidades básicas.
Quien quiera opinar con conocimiento de causa que se lea el programa electoral (es bastante breve, pero muy claro):
http://www.upyd.es/web_medida/plantilla_general/contenedor.jsp?seccion=144
En mi opinón, UPyD sí ofrece un programa reformista y muy diferente al de PP y PSOE.
Otra cosa es que ese programa no coincida con unas ideas muy particulares y minoritarias, como parece que ocurre en este caso. Unas ideas que en mi opinión son extravagantes y nada realistas.
Especialmente acertada es la mención al entramado económico formado por bancos y grandes empresas constructoras/inmobiliarias, que son las culpables que los españoles estemos endeudados hasta las cejas.
Una medida que habría que tomar es prohibir taxativamente las hipotecas superiores a 20 años. Con ello se rebajaría el disparatado precio de la vivienda.
La idea parece buena, pues los plazos actuales de las hipotecas son desmesurados, y efectivamente permiten que se pueda inflar el precio de la vivienda.
¿Pero qué pasaría cuando pasados los 20 años una familia no haya podido pagar la hipoteca? ¿Desahucio y subasta del inmueble? ¿O se les permite refinanciar su deuda aumentando el plazo?. En este último caso ¿de qué servría esa limitación de 20 años?. Todos los bancos ofrecerían hipotecas a 20 años y la gente las contrataría, sabiendo todo el mundo que esas hipotecas no se van a pagar en su totalidad en el plazo fijado, sino que luego se refinancian a otros 10 ó 20 años más.
En definitiva, la prohibición supondría o bien desahuciar familias (con todo lo que ello supone de tragedia) que sí podrían pagar su casa refinanciando la deuda, o bien permitir los mecanismos para evadir esa prohibición (mecanismos que ya existen y que por otra parte son muy difíciles de prohibir y controlar, pues todo el mundo puede refinanciar deudas). En definitiva, esa norma sería papel mojado. Y para tener normas inútiles, que todo el mundo se salta, y que sólo valen para condenar arbitrariamente a algún incauto, creo que es mejor dejarlo como está.
La crisis económica y el miedo al paro (que continuará creciendo) dificultarán que la gente se hipoteque para comprar casas. Esto unido al millón de viviendas construidas que sobran debería bajar mucho los precios.
No obstante, esta bajada del precio puede no resolver el problema de acceso a la vivienda de muchos ciudadanos, si un escenario de aumento del paro (y aumento del riesgo de impago) hace que los bancos no concedan hipotecas, o aumenten las condiciones para concederalas.
Por otra parte, hasta hace unos años teníamos un escenario de aumento desorbitado de precios y problemas de acceso a la vivienda. En esas condiciones, que la administración comprara suelo o vivienda construida para protección oficial, servía para bajar o contener los precios del mercado, ya que la vivienda de protección era más barata.
Pero en un escenario en el que sobra vivienda y suelo urbanizable, si la administración compra suelo o vivienda para protección oficial, lo que está haciendo es comprar a los promotores un activo sin salida, y disminuir el exceso de oferta haciendo subir los precios de la vivienda, o conteniendo su caída.
Por tanto, muchas actuaciones y políticas públicas que supuestamente se justifican como de ayuda a la población para acceder a la vivienda, realmente ahora están sirviendo para todo lo contrario: comprar suelo y vivienda a promotores que no encuentran comprador, y dificultar el acceso de la población a una vivienda al contener la caída del precio.
Una ejemplo de estas políticas es la creación de un gran parque público de vivienda de protección oficial. Esta medida se aprobó en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo esta medida servirá para ayudar a ciertos promotores y especuladores arruinados. Además, si no se plantean estrictos controles para decidir a qué promotores sí y a quienes no se les compra, la medida puede derivar fácilmente en corrupción y amiguismo. O para retirar activos tóxicos de alguna Caja de Ahorros en problemas, con cargo a las arcas públicas.
Un efecto inmediato y nada despreciable que tendrán este tipo de políticas para es el aumento del déficit público, cuyas consecuencias estamos empezando a vivir en estos momentos.
De modo que mucho cuidado con el Ministerio de la Vivienda (y con todas las consejerías de vivienda de las autonomías) porque no sólo constituyen un gasto administrativo innecesario, sino que sus políticas pueden estar sirviendo para aumentar y mucho los problemas.
http://www.abc.es/20090612/economia-empresas-inmobiliario/caracteristicas-stock-viviendas-vender-200906121132.html
Me gusta mucho su artículo. Yo haría incapie a que un estado no puede renunciar a su politica monetaria y fiscal a la vez. ¿Que herramientas quedan? Ninguna, y en eso concordarian economistas tan dispares como Keynes y Smith. Rídiculo.
El gasto publico es desbordante e ineficiente. La superposición de funciones es increible! Hay ciudades en als que hay 4 cuerpos de policia (la local, la autonomica,la nacional y la guardia civil). Otras comunidades tienen 2 servicios metereologicos el nacional y el autonomico. Y eso por no hablar de las numerosas representaciones (pseudoconsulados) que tienen las comunidades ante la union europea, paises, etc. ¿Cuanta pasta nos estamos gastando en estas ineficiencias????
Otra que si digo la corrupción. Vaya uno a saber toda esta delegación de funciones cuanta corrupcion genera. Porque en cualquier organización uno puede delegar la responsabilidad y los recursos, pero nunca se delega el control!
Bueno a ver si esta crisis sirve de oportunidad para cambiar un modelo de gestión obsoleto e ineficiente.
Apreciado Carlos, no estoy de acuerdo con el título elegido para esta entrada del blog. La Transición española no está haciendo agua ahora, sus restos reposan desde hace ya unos cuantos años en el fondo.
La partitocracia (que no democracia) instaurada entonces, no tiene ya credibilidad ninguna y es el origen de todos los males que sufrimos. La defensa a ultranza de los partidos políticos como actores que sustentan esta mal llamada democracia no deja de ser la prueba palmaria de que lo que es en realidad, es una partitocracia que actúa siempre en defensa de los intereses de los partidos y en detrimento de las verdaderas necesidades de los españoles.
Considero que es esta la causa fundamental de nuestras crisis. Y puede que la menos profunda, sea la económica o financiera.
Los partidos políticos con intereses electoralistas, cortoplacistas y bastardos son los responsables de la profunda crisis institucional que a mi juicio es mucho más preocupante que la financiera.
El PSOE es responsable del Presidente del Gobierno que sufrimos, como el PP es responsable de no haber sabido generar la necesaria ilusión que debe de tener toda alternativa. De lo contrario no estaríamos abocados a elegir entre lo malo y lo peor, y esa responsabilidad debería serles exigible.
De economía… como sé que soy un analfabeto funcional, solo alcanzo a entender que todos los impuestos lineales no pueden ser progresivos (como las ayudas y/o subsidios varios). Y si no son progresivos, afectarán desigualmente a las economías distintas, perjudicando más a las débiles y menos a las poderosas.
En otro orden de cosas más pragmáticas, entiendo que la eliminación de dos ministerios y una vicepresidencia -como estructura administrativa- puede ser el chocolate del loro, aunque las campañas institucionales de marketing gubernamental, tanto de estos organismos como del ejecutivo en general, creo que no lo sea tanto.
La osadía suele ser fruto de la ignorancia y la mía en estos asuntos es manifiesta, pero…
¿Sería muy descabellado plantear la eliminación de 51 consejerías autonómicas mediante la reversión de las competencias de administración de justicia, sanidad y educación al gobierno central?
No soy capaz de cifrar el montante que resultaría ahorrado, pero estaríamos hablando de reforma del sistema, en lugar de recortes circunstanciales.
El actual modelo organizativo es manifiestamente inviable y no aguanta ya más demagogia populista.