Buscando paganos de la crisis: funcionarios, especuladores, “españoles” o curas.
Como era de prever, Zapatero y el PSOE, los principales responsables –aunque no únicos ni mucho menos- del naufragio que estamos sufriendo, se han puesto a la caza y captura de paganos que apechuguen con la responsabilidad de la crisis. Colectivos y sujetos condenados no sólo a pagar el coste en moneda (pues finalmente pagaremos la gran mayoría), sino a cargar con la culpa de su desencadenamiento.
Los candidatos a este doble honor son bastante previsibles: en primer lugar, los funcionarios, esos seres envidiados universalmente (salvo cuando se trata de detener a terroristas, apagar incendios, educar adolescentes levantiscos o atender enfermos terminales, por ejemplo). Luego hay variantes geográficas y sectarias. Así, hoy se ha sabido que una encuesta encargada por La Vanguardia alerta del aumento del independentismo en Cataluña, con la interesante peculiaridad de que el principal incremento se registra entre votantes del PSC. De manera que el independentista catalán medio puede dejar de ser un vecino exaltado de Solsona o Vich, convencido de padecer una tremenda opresión española y de pertenecer a la tribu más admirable de la Tierra, para encarnarse en el hijo de una familia charnega procedente de Murcia, Galicia o Andalucía que hoy admira la carrera exitosa del president Montilla y sus secuaces, convencido de que todo mal viene de España por la incomprensión mostrada a todo lo catalán, Estatut inconstitucional e inmersión lingüística inclusives. Alguien puede extrañarse de esta evolución, pero no sé por qué: al fin y al cabo, el deseo de todo inmigrante integrable es fusionarse en el paisaje de la sociedad de acogida adoptando sus tópicos, hábitos y prejuicios. Y si el PSC lleva veinte años o más insistiendo en que a Cataluña le irá mucho mejor cuanto menos lazos tenga con España, ¿cómo no van a creer sus votantes menos instruidos y viajados en algo tan reiterado, mensaje convertido en artículo de fe única por partidos, asociaciones y prensa catalanas? Luego los españoles son los causantes de la crisis, y cuanto menos tenga que ver Cataluña con ellos, mejor le irá también en materia económica.
La Iglesia católica es otra candidata natural a la condición de pagana, pese a la paradoja de tal asociación semántica. Ayer supimos también que diputados del PSOE especialmente leales a José Blanco argumentaron con insistencia la necesidad de que la Iglesia asuma su parte de culpa en la gestación de la crisis económica pagando lo que le toque, por ejemplo haciendo que el Estado no adelante el dinero de la famosa casilla del 0’7% de la declaración de Hacienda, y eliminando las ayudas públicas a la Iglesia porque ella, a diferencia de partidos y sindicatos que sí se merecen nuestro dinero, no forma parte de la arquitectura constitucional (sic).
Uno no simpatiza con la Iglesia romana y es partidario de un Estado laico riguroso, pero ciertas manipulaciones son realmente repulsivas y no ayudan nada para progresar en esta dirección. Una cosa es pedir que la Iglesia se autofinancie, como debe ser en una democracia laica, y otra retirarle ostentosamente las ayudas de las que disfruta con el fin malicioso de presentar a los curas como responsables de una crisis de las finanzas públicas de las que sólo son responsables los insaciables partidos grandes, comenzando por el PSOE. Pero se trata de dar algún tipo de contenido al vacío total del “izquierdismo” socialista, una vez puestos al desnudo todos sus trucos populistas y otras carencias políticas y estigmas culturales. Menos mal que la crisis inmobiliaria lo desaconseja, si no todavía veríamos manifestaciones socialistas exigiendo la conversión de los edificios eclesiásticos, de seminarios y conventos a ermitas y catedrales, en VPO para menesterosos zapateristas.
Finalmente, está el cuento de los especuladores –tan bien recibidos cuando son “inversores”- y la advertencia de que el Gobierno puede subir los impuestos cuando lo considere oportuno, recién lanzada por Zapatero con el matiz de que pagarán los que tengan dinero. Dejando de lado cuan asombroso sería que el Estado consiguiera sacar un duro a los insolventes, típica obviedad tan solemne como vacua del nefasto inquilino de Moncloa, el hecho cuidadosamente oculto es que durante los años de Gobierno socialista la presión fiscal ha crecido exclusivamente sobre las rentas del trabajo, es decir, que somos quienes cobramos una nómina quienes más impuestos directos pagamos, por no decir los únicos. Se ha estimado que, en cambio, la presión fiscal sobre las rentas del capital ha disminuido desde el 2000 entre un 4 y un 5%… (pues no hay diferencias de fondo entre los modelos económicos de Aznar-Rato y los de Zapatero-Solbes). El caso es que el Gobierno subirá los impuestos cuando lo ordenen el Ecofin y el FMI para seguir prestando a España, pues somos un país con las finanzas públicas intervenidas, cuya imagen de solvencia se desgasta un poco más cada día, profundizando la gravedad de una crisis cuya magnitud todavía se hurta a la sociedad, en un ejercicio de negacionismo económico realmente inaudito.
Se trata, en fin, de localizar paganos para que los verdaderos responsables no paguen nada. Lo prueba, por ejemplo, la asombrosa respuesta que ayer mismo dio Chaves a Rosa Díez en el Congreso cuando ésta, en un hemiciclo casi vacío de diputados y periodistas –pues se trataba de un tema importante, no de las típicas memeces que encandilan a la prensa-, interpeló al Gobierno sobre sus previsiones para obligar a las comunidades autónomas a reducir su parte –en aumento- del déficit público. Si aplicáramos los criterios de convergencia de Maastrich –los empleados para fundar el euro-, dijo Rosa, el déficit público de las CCAA disminuiría 26.120 millones de euros anuales. ¡Una cifra que permitiría hacer frente a la crisis sin drásticos recortes sociales! Por no hablar de cómo mejoraría la imagen de España como un país solvente al que se puede prestar dinero, con los beneficios económicos adicionales consiguientes. Pues bien, Chaves ni negó esta cifra de posible ahorro ni propuso otra. Se limitó a decir que vaya usted a saber, que el Estado de las Autonomías es muy eficaz y estupendo y que, en cualquier caso -¡agárrense!-, «tiene que quedar claro que no hay lugar en un Estado autonómico para un poder de control del Gobierno sobre las comunidades autónomas si no es en un marco de cooperación y colaboración. No hay una relación jerárquica entre las administraciones, eso sería propio de un estado centralista«. Vienen tiempos peores, por mucho que se empeñen en culpar del derroche a los funcionarios privilegiados, a los pensionistas que se obstinan en vivir, a los fabricantes de aspirinas, a los curas y, en Cataluña, a los españoles en general.
Magnífico post que resume de forma nítida tanto la falta de gestión del gobierno como sus intentos, y los de sus homólogos autonómicos, de ocultar, dividir y despistar a la población para intentar escapar de hurtadillas del gigantesco marrón en el que están sumidos. Tengo la sensación de que ahora les va a resultar más difícil hacer ver a la gente que, si no consiguen comer ese día, es porque no había otro remedio, es por una confabulación de los mercados, de los extranjeros, de los de fuera, el argumento de siempre. Creo que la sociedad se ha despertado de golpe, mientras seguimos cayendo en el abismo, esperemos que esto permita algún cambio en la actitud de nuestros representantes, porque dos años más de caída libre ya no son asumibles. ¿Habrá alguien mínimamente responsable en el PSOE que obligue a ZP a dimitir? ¿Tendrá este último una inspiración divina y convocará elecciones? ¿Les quedará algún resquicio de sentido común como para salvar las últimas naves antes del hundimiento total?
Breve selección de artículos de la Constitución Española:
Artículo 103.
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.
3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 153.
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
1. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de Ley.
2. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
3. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
4. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
Artículo 155.
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Es difícil creer que un licenciado y doctor en derecho y que además es profesor titular en la propia universidad no conoce la Constitución Española. Es un dato más que debe hacernos meditar sobre la calidad de nuestras universidades y sobre si en las oposiciones universitarias se elige al mejor candidato, o simplemente a candidatos suficientemente preparados.
Pero la cosa parece particularmente grave si tenemos en cuenta que el autor de esas declaraciones ha sido ministro, presidente de una comunidad autónoma durante !19 años!, y que actualmente es ni más ni menos que el vicepresidente y ministro de política territorial del Gobierno, además de Presidente del partido gobernante.
Mi apreciado y respetado co-bloguero Alcotarelo, las mentes preclaras de los prohombres que han sido elegidos por el destino para guiar a las «OVEJAS» por el camino adecuado de la VERDAD ABSOLUTA, no pueden dejarse despistar por leyes banales que solo han de ser de aplicación para el populacho, para la plebe que en su ignorancia supina no les ha sido revelada LA VERDAD.
Estos artículos que citas, solo son letras que forman palabras y que a su vez conforman párrafos para guiar al iletrado, pero que como bien resaltas, no son exigibles ni vinculantes para los profetas, ni mucho menos para el Mesías.
Los habitantes del cenáculo no están sometidos a estas nimiedades. La iluminación divina les sitúa por encima de esas zarandajas.
Un saludo cordial Alcotarelo.
No existe mejor definición de confederalismo que las palabras de Manuel Chaves.
Queda claro que si España es hoy una confederación, no lo es sólo porque la Constitución sea contradictora al definir un estado unitario pero luego articule realmente un estado confederal al no dotar al gobierno central de mecanismos suficientes de control sobre las autonomías.
Sino que España es hoy un estado confederal principalmente porque el gobierno deliberadamente hace dejación de las funciones y potestades que sí tiene sobre las comunidades autónomas.
Ayer hablaba de partitocracia en mi comentario a la anterior entrada del blog de Don Carlos, pero tras una rápida inmersión en la Wiki buscando refrescar la memoria en referencia a Juan Jacobo Rousseau, me he topado con un nuevo concepto acuñado en la Grecia (¡qué curioso!) de hace 2210 años: La OCLOCRACIA.
Se entiende por Oclocracia al fruto de la acción demagógica y se definió como «la tiranía de las mayorías incultas»
«Según El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, se define oclocracia como la degeneración de la democracia. El origen de esta degeneración es una desnaturalización de la voluntad general, que deja de ser general tan pronto como comienza a presentar vicios en sí misma, encarnando los intereses de algunos y no de la población en general, pudiendo tratarse ésta, en última instancia, de una «voluntad de todos» o «voluntad de la mayoría», pero no de una voluntad general.»
Habrá que reconocer el mérito del redescubrimiento espontáneo de este concepto viejo a nuestros ZP’s y Pepiños varios que a buen seguro nada tienen leído acerca de tan «clásica» literatura.
-¿Porqué no intentan que las Comunidades Autónomas se administren mejor?
-Porque no saben ni los gastos incontrolados que tienen y además no quieren saberlo.
-¿Porque no eliminan Ministerios inútiles?
-Porque tendrian que echar a la calle a muchos amiguetes y sabes que éso es muy dificil.
-¿Porque para recortar sólo piensan en los funcionarios y en los pensionistas?
-Es lo más sencillo.
-¿Porqué no se van a su casa?.
-Porque ganan mucho más donde están.
Parece que lo hoy toca recordar son ciertos artículos del Código Penal. Concretamente la Sección 1ª (de la falsificación de documentos públicos, oficiales mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios telecomunicación) del Capítulo II (de las falsedades documentales) del Título XVIII (de las falsedades):
Artículo 390.
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.
Artículo 391.
La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.
Artículo 392.
El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Artículo 393.
El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.
Artículo 394.
1. La autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
2. El que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para perjudicar a otro, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.
Si falsificar un Real Decreto y el Boletín Oficial del Estado o dar lugar a que otro lo cometa
no tiene el carácter de imprudencia grave, uno se pregunta qué se considera <imprudencia grave.
La segunda reflexión, es que parece que esta sección del Código Penal no debe de haber caído en las oposiciones a fiscal de los últimos 35 años. Una lástima.
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http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/corrige/Salgado/asume/hubo/error/rectificacion/elpepinac/20100527elpepinac_13/Tes/
http://santiagonzalez.blogspot.com/ (entrada de ayer 26 de mayo de 2010)
Otra cosa que llama la atención de ese Real Decreto es la gran chapuza de su redacción y corrección, que obligó a publicar dos rectificaciones.
La primera al día siguiente (el mismo día que ya había entrado en vigor el Real Decreto), y que es la que corrige la fecha tope en la que los Ayuntamientos pueden pedir créditos a largo plazo.
Y otra modificación un día más tarde (por tanto, dos días después de la publicación del Real Decreto, y más de 24 horas después de que el Real Decreto hubiera entrado en vigor).
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Real Decreto 8/2010 (BOE Núm. 126 Lunes 24 de mayo de 2010):
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf
Primera rectificación (BOE Núm. 127 Martes 25 de mayo de 2010):
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8318.pdf
Segunda rectificación (BOE Núm. 128 Miércoles 26 de mayo de 2010):
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/26/pdfs/BOE-A-2010-8385.pdf