20N: las elecciones más trascendentales desde 1977
En 1977 los españoles votaron unas Cortes constituyentes encargadas de redactar una Constitución democrática que enterrara al régimen franquista y abriera paso a una nueva democracia. El proceso, conocido como Transición, se desarrolló con mucho éxito a pesar de las amenazas del golpismo militar, del terrorismo, de la endeblez de los partidos políticos, y de la escasa cultura política de una ciudadanía acostumbrada a una dictadura paternalista y autoritaria.
Sin duda debemos a la Transición la recuperación de la libertad política y la instauración de un Estado de derecho innegable, a pesar de sus defectos e insuficiencias. Pero una transición no puede eternizarse sin degenerar, y eso es lo que ha acabado ocurriendo por la negativa de los partidos de 1977 a introducir cambio alguno en el sistema pactado y constitucionalizado para salir de la dictadura. Una democracia desarrollada no puede estar eternamente “saliendo de la dictadura”; ya hemos salido, sí, pero para caer en la partitocracia de un bipartidismo imperfecto que, para defender contra viento y marea su permanencia en las instituciones, ha degradado éstas hasta un límite insoportable en algunos casos.
La administración de Justicia está intervenida por los partidos políticos. El sistema empeoró drásticamente después de 1984, cuando PP, PSOE y compañía se pusieron de acuerdo para arrebatar a los magistrados la elección de sus representantes en el CGPJ. La consecuencia ha sido la pérdida de la mínima autonomía exigible a la Justicia en un Estado de Derecho, como ha probado demasiadas veces la intervención partidista de la Fiscalía del Estado y, lo que es más grave, del Tribunal Constitucional.
Las Comunidades Autónomas, creadas en un alarde de imaginación político-jurídica como vía para descentralizar el Estado evitando la formulación clara de un modelo federal –que hubiera sido lo lógico pero se apreció inoportuno por el miedo al golpismo-, han terminado degenerando en 17 miniestados financieramente insostenibles que han laminado, además, el principio de igualdad de los ciudadanos (especialmente en sanidad o educación), diluido el mercado único y competitivo en una trama de normas intervencionistas insoportables, y finalmente nos ha arrastrado a todos a una gigantesca crisis de la deuda pública por su irresponsabilidad fiscal, su despilfarro de medios, su manipulación de las Cajas de Ahorros y su opacidad contable.
El desarrollo extraviado de los principios constitucionales de protección del patrimonio cultural y lingüístico –fue un error introducirlos en la Constitución-, así como de las peculiaridades históricas de determinadas comunidades -¿y cuál no las tiene?-, ha conducido al despropósito de la protección de los “derechos históricos” vascos y navarros, con sus correspondientes Conciertos económicos –privilegios anacrónicos condenados a desaparecer pronto-, y a la justificación de agresivas ingenierías sociales nacionalistas como la “normalización lingüística” y su correlativa “inmersión lingüística” en la educación obligatoria. Ni PSOE ni PP han sido capaces de oponerse a este estado de cosas, y en realidad han acabado adaptándose al mismo e incluso potenciándolo cuando han gobernado (por ejemplo en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana).
La negociación de transferencias del Estado a secciones autonómicas de partidos, o a partidos nacionalistas y regionalistas, vía Comunidad Autónoma y a cambio de apoyos parlamentarios, se ha convertido en la forma de política más eficaz para la defensa de intereses locales y partidistas. Ello ha convertido al modelo nacionalista de política en el de más éxito, imitada por todos hasta destruir el carácter nacional de los partidos y reverdecer el viejo caciquismo, con sus corolarios de corrupción, opacidad, clientelismo y atraso social y cultural. Escándalos como los EREs socialistas en Andalucía son un lamentable ejemplo de esto.
Y finalmente, la degeneración del sistema de la Transición ha conducido a la instauración de un gigantesco Estado con varios estratos de administraciones que se copian y replican entre sí (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y órganos intermunicipales como las mancomunidades, etc), con un gasto corriente descomunal y una gestión francamente mejorable, cuando no completamente disparatada. Un mega-Estado elefantiásico que se ha convertido en el principal problema económico de España pues, lejos de resolver los problemas financieros, consume recursos sin ofrecer servicios y compite de modo ventajista con la economía productiva en la captación de crédito. La única justificación de ese mega-Estado, en buena medida parasitario, no es otra que mantener a los partidos políticos de la Transición permitiéndoles colocar en las administraciones y entes asociados (unos 20.600, según un cálculo no refutado por nadie) a sus afiliados y socios.
Todo este proceso degenerativo ha sido propiciado y mantenido por una Ley Electoral pactada con los procuradores franquistas para que estos aceptaran el harakiri incruento de sus Cortes, y limitar de paso la entrada de partidos en el Parlamento constitucional, primero por un miedo razonable a la proliferación de minipartidos inestables pero que, enseguida, se convirtió en irracional prevención y hostilidad al pluralismo y a la participación ciudadana. Es un fracaso de la Transición, y un signo del curso que ha tomado para tratar de eternizarse, que la electoral sea una de las pocas leyes preconstitucionales que se niegan a reformar los partidos viejos (con las leyes laborales defendidas a capa y espada por los sindicatos, en una colusión de intereses conservadores que no es nada casual). El resultado ha sido un bipartidismo paralizante, estéril e incompetente cada vez más detestado por más ciudadanos y, sin embargo, más cerrado sobre sí mismo para perpetuarse como la única alternancia posible.
Precisamente es la oportunidad de propinar un severo correctivo al bipartidismo de la Transición inacabable, y ya a ninguna parte, la que convierte estas elecciones en las más trascendentales desde 1977. Porque si el resultado fuera una confirmación aplastante de que ese sistema no tiene alternativa parlamentaria, seguiría también la confirmación de que no hay alternativa al modelo partitocrático que ha agravado la crisis económica n,i por supuesto, alternativa alguna al modelo económico responsable de la monstruosa cifra de cinco millones de parados y 55% de paro juvenil. Tendríamos, durante largos años, un remedo ficticio de democracia: sin justicia independiente, con caciquismo autonómico y opacidad, insoportables tensiones nacionalistas y, en la práctica, la intervención internacional del Estado que emplearía al Gobierno como un administrador de sus intereses prioritarios, en la línea de la vergonzosa reforma-exprés del artículo 135 de la Constitución impuesta por el BCE.
Pues bien, hay alternativa este oscuro panorama. Y la alternativa es política, porque los problemas políticos se solucionan con propuestas políticas positivas y con buenas ideas, no con ideologías anacrónicas y perezosas. La alternativa es elegir el voto a un partido con un programa serio, plausible y realista, decidido a la reforma del Estado para cerrar la Transición pasando un estadio de más democracia, más participativa, más transparente y más eficaz, tanto política como económicamente. Para que España, ahora sí decididamente federal, forme parte de esa nueva Europa federal que urge y todavía hay que imaginar. Para mí, claro está, ese voto es para Unión Progreso y Democracia. Salvo que se desee que nada cambie, en una especie de utopía negativa que se hará pedazos contra la realidad más pronto que tarde.
-Ví el debate de los líderes de los dos grandes partidos y me dí cuenta que no dijeron nada de las soluciones necesarias.
-Ya ves, PPSOE no saben, no quieren saber y encima lo disimulan.
-Y masas enteras de ciudadanos siguen ciegos.
-Bueno éso es normal, si no les informan…..
-Amigo Vota UPyD
-Lo mismo te digo ¡¡vota UPyD!!.
El bipartidismo ya está muerto, Carlos, queda por saber cuanto tardaran el PPSOE y algunos ciudadanos en darse cuenta. En el 77, el «trending topic» del momento era DEMOCRACIA. Hoy (y desde que nació UPyD), se habla de…
http://www.google.es/trends?q=bipartidismo
Ejem…
http://www.google.es/trends?q=bipartidismo&ctab=0&geo=es&date=all&sort=0
Por supuesto, ni hay que santificar como tampoco despreciar o condenar la transición. Pero el régimen nacido de ella ya nacía degradado cuando los medios de comunicación tergiversaban con triste frecuencia la realidad «por resonsabilidad democrática», o excusaban los fallos y malas prácticas de las instituciones democráticas con la disculpa que éramos una «joven democracia», como si los cargos públicos no fueran mayorcitos y quien más o quien menos, no tuvieran una educación religiosa católica o una formación marxista, o incluso ambas ¿No eran éstas líneas de pensamiento veteranas? ¿Porqué se excusaban constantemente en la «juventud» de la democracia para no asumir responsabilidades?.
Sí: uno de esos síntomas tempranos de degradación es que nos «vendieran» una «transición permanente» para excusar tanta improvisación, no pocas incompetencias y bastante caradura de unos cuantos cargos ¡¡¡Que hubo políticos electos que llegaron a descalificar como fascistas y antidemocráticas cualquier crítica a sus actuaciones con el «argumento» de que, al haber sido elegidos democráticamente, criticarles a ellos… era atacar la democracia!!!
Y otro recurso para tapar fallos fue la constante agitación de los peligros. Aquí, el único peligro serio que tuvimos fue el del terrorismo de ETA, y estaba circunscrito a una región de España. Durante años ETA impuso su «ley», pero lo hizo en cuatro provincias entre cincuenta. Por su parte, las acciones de los macarras de la derecha extrema tuvieron consecuencias terribles para quienes tuvieron la desgracia de estar en el sitio equivocado en el momento inoportuno, pero esas «cacerías de rojos» apenas representaron un perjuicio para la vida nacional. El famoso «ruido de sables» fue, en los primeros años, más asunto periodístico que realidad en los cuarteles, y sólo hubo conspiraciones golpistas entre 1979 y 1981, con un epílogo tan siniestro como chapucero en octubre de 1982. A partir de este año, el único enemigo serio «exterior» de la democracia fue ETA. Y digo bien, exterior, porque los grandes enemigos de la democracia han sido internos: manipulación periodística, corrupción, improvisación política, mentalidad nacionalista que se ha extendido como una plaga…
En fin. Como se suele decir, de «aquellos barros estos lodos».
A toro pasado, aunque las encuestas que se manejaban ya pintaban una foto muy similar a la producida ayer por la noche, no resulta muy ¿ético? hacer leña del árbol caído.
Pero también es verdad que aunque, acostumbrados como estamos a que siempre llegue cuando ya no se la espera, alegra que la justicia ponga a cada cual en su sitio y se cobre de alguna manera las responsabilidades en las que han incurrido los irresponsables, los incapaces y los necios. A mi me alegra que los que han puesto al servicio de sus intereses las instituciones del Estado y en tela de juicio el propio juego democrático, los que han decidido que lo que importa es el fín sin reparar en los medios que haya que emplear, reciban el «castigo» que merecen por sus acciones.
Me alegro de la debacle del PSOE que cuando menos servirá para eliminar de la parrilla de salida a la caterva de indocumentados e incapaces que le han llevado hasta la situación en la que queda con dos revolcones electorales como nunca se habían visto en estos últimos 35 años. Con un panorama político donde ha quedado, y en breve quedará del todo, totalmente barrido de las instituciones.
Con este análisis, debería de sentirme satisfecho, no solo por que la justicia «poética» ha asomado, sino por que uno de los dos actores y culpables de nuestra partitocracia bipartidista va a tener que «remar» mucho con muchas menos «canoas» de las que acostumbraba, pagando políticamente hablando, un precio justo.
Debería de estar satisfecho con los resultados electorales que ha obtenido UPyD, como debería de estarlo sabiendo que se abre una etapa de esperanza donde un gobierno fuerte puede dedicarse a hacer lo que España necesita, sin tener que enredarse en pequeñas y miserables cuitas transaccionales con partidos de intereses que no buscan sino su exclusivo interés, político y territorial.
Pero no estoy satisfecho, el que los incendiarios se hayan quemado en su propia obra no me sirve, el que los bomberos puedan apagar eficazmente el desastre (se les debe de suponer), el que nuestro voto recibido se haya triplicado y quintuplicado nuestra representación parlamentaria, el que el parlamento tenga mayor riqueza y variedad, el que… no me sirve.
¿Quién paga los platos rotos? ¿A quién se le pueden exigir responsabilidades? y lo que es peor: ¿Cuánto esfuerzo, cuánto tiempo y cuánto dinero nos va a costar a todos recuperar lo que se ha perdido?
Sé que es momento de alegría y de esperanza, pero la realidad es muy terca. Solo se ha conseguido espacio y tiempo para trabajar, y muy duro.
Me gustaría que sean más trascendentes aún dentro de cuatro años…, con un sitema electoral decente…