La excusa económica amenaza la democracia (sobre la expropiación financiera de la política)
Uno de los reproches habituales a la democracia es que es un sistema caro. Reproche que se convierte en popular lugar común cuando se atraviesan crisis tan profundas como la actual y no digamos si, además, la administran políticos claramente ineptos que se niegan a tocar su seguridad y la de sus partidos mientras meten mano en el bolsillo y los derechos de los contribuyentes. Ciertamente, la democracia, con sus ayudas públicas para el sostenimiento de partidos y sindicatos (sean directas o como desgravaciones fiscales), sus campañas electorales tan caras (injustificadamente casi siempre), su alto número de cargos y empleados públicos… parece mucho más cara que una dictadura cualquiera o un sistema “tecnocrático” (denominación de moda para eludir la condena de situaciones –de momento provisionales- donde hay un Gobierno que no ha sido votado por los ciudadanos, como en Italia). Añadamos a eso que la democracia española es muy mejorable pero el bipartidismo atrincherado rechaza cualquier mejora democrática digna de ese nombre, y también el tentador ascenso económico de dictaduras como la china, pronto la primera potencia económica del mundo. ¿No sería buena idea –se preguntan algunos- abandonar un sistema caro, que parece beneficiar tan sólo a unos cuantos políticos (que son o aprovechados o incapaces), y dejar las decisiones en manos de gestores profesionales (tecnócratas), incluso de una dictadura de partido pero respetuosa con el derecho a ganar dinero, como la de China?
La experiencia histórica demuestra dos cosas al respecto: que las dictaduras son mucho más caras que las democracias en términos de corrupción o subdesarrollo económico, y que el ascenso económico de las dictaduras de moda es reciente y sigue la línea de desarrollo trazada mucho antes por las democracias que, en conjunto, son históricamente mucho más prósperas que las dictaduras.
La España de la dictadura franquista podría parecer más barata que la democracia instaurada en 1978. Y en su segunda época, tras despedir a los falangistas y su necia autarquía, se revistió de ropajes tecnocráticos de la mano de aquellos famosos economistas y ministros del Opus Dei. En efecto, como mis padres recuerdan alguna vez en reuniones familiares, en aquellos lóbregos años apenas se pagaban impuestos directos. Pero España era un país mucho más pobre, subdesarrollado en amplias zonas de su territorio y con una economía atrasada poco competitiva (herencia que en parte seguimos sufriendo). Y si no se pagaban casi impuestos directos, los servicios que prestaba a cambio el Estado –educación y sanidad públicas, pensiones, infraestructuras etc.- eran escasos y generalmente de mala calidad o insuficientes. No es que la dictadura fuera barata, es que su abrumadora presencia impedía o retrasaba el desarrollo del país –hasta mediados de los cincuenta no se recuperó la renta per cápita de 1936- y por eso mantenía un Estado barato pero chapucero en todo, salvo la represión. Respecto a países más desarrollados que España en 1936, pero que optaron por imponer dictaduras más o menos descabelladas, todas ellas baratas y asentadas en el desprecio al sobrecosto de la democracia, ya se sabe el precio que pagaron por su expansionismo bélico: Alemania, Italia o Japón son el modelo. Por otra parte quedaron las dictaduras de izquierdas de la Unión Soviética y los países de su bloque: todas han desaparecido salvo Cuba y Corea del Norte –por su mayor eficacia represiva-, y en su caída pesó mucho el fracaso sin paliativos de su economía planificada, despreciada en general como un “capitalismo de Estado” mucho peor que el privado. La baratura de su dictadura nunca compensó el pésimo funcionamiento de su Estado salvo, como en la España franquista, en la represión política. Terminemos echando una ojeada a las bases políticas del impresionante crecimiento económico de China y concluiremos que tarde o temprano ese gigantesco país deberá elegir entre reformas democráticas o paralizar un crecimiento incompatible a largo plazo con la corrupción, la opacidad y la marginación política de los ajenos al Partido, cuando no su implacable represión.
En resumidas cuentas, democracia y prosperidad económica forman una pareja mucho más eficaz pese a sus crisis periódicas que cualquier otra. Y además incomparablemente más justa pese a los abusos habituales. La razón de fondo es clara y un clásico argumento liberal: el desarrollo económico sostenido necesita de la libertad de iniciativa económica, pero esta es imposible a largo plazo si no está respaldada y regulada por un Estado de derecho que, a su vez, no puede existir de verdad sin un régimen constitucional de libertades personales sagradas e igualdad jurídica y de oportunidades para todos. Es decir, no hay economía desarrollada (o compleja) sin democracia; al menos no por mucho tiempo, como precisamente sabemos en España y comprueban también en Brasil, Chile o India.
Sin embargo, la crisis financiera internacional está dando pábulo a decisiones tecnocráticas que, bajo su apariencia de sabias medidas anticrisis, compone un ataque a la democracia en toda regla, seguramente sin parangón desde la crisis de 1940 que dejó arrinconada la democracia en Estados Unidos, Gran Bretaña y sus dominios, Suiza y Suecia y algunas repúblicas sudamericanas (temporalmente en algunos casos). Me refiero a la creación de entidades de intervención bancaria que, con la excusa de la urgencia de la crisis financiera privan a las instituciones democráticas de su derecho y deber de controlar la inversión de dinero público, se sitúan fuera de cualquier obligación de dación de cuentas e incluso fuera del sistema jurídico. Entes que manejan impresionantes cantidades de dinero público, lo inyectan a entidades bancarias privadas o nacionalizadas, y se sustraen a cualquier control democrático digno de tal nombre. Por ejemplo, el FROB en España y el MEDE en la Unión Europea. Lo recordaba de modo contundente Hans Magnus Enzensberger para el organismo de la Unión Europea: “La abolición del Estado de derecho se proclama con toda franqueza en el Tratado sobre el Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEDE). Las decisiones de los miembros que marcan la pauta en este organismo de rescate son inmediatamente efectivas desde el punto de vista del derecho internacional y no están vinculadas a la aprobación de los Parlamentos. Estos miembros se autodesignan, igual que en el antiguo régimen colonial, como gobernadores y, al igual que los directores, no tienen que rendir cuenta alguna frente a la opinión pública. Al contrario, están expresamente obligados a mantener el secreto. Esto recuerda a la omertà, que forma parte del código de honor de la mafia. Nuestros padrinos se sustraen a cualquier control judicial o legal. Gozan de un privilegio que ni siquiera está al alcance de un jefe de la Camorra: la absoluta inmunidad frente al Derecho Penal. (Eso es lo que se dispone en los artículos 32 a 35 del Tratado del MEDE).”
Respecto al FROB, Andrés Herzog ha publicado dos post de obligada lectura pese a, y precisamente por, lo árido del asunto (una vieja táctica para estimular la pasividad pública: emplear un lenguaje inasequible falsamente “especializado”): “El FROB: la socialización de deudas privadas por un ente al margen de la Ley”, y “Más sobre el FROB: el “caso Bankia”. En ellos podemos leer sobre “los desorbitantes poderes que se conceden al FROB en el citado RDL, derogando artículos fundamentales del Código Civil, del Código de Comercio y de la legislación societaria, creando un verdadero estado de excepción jurídico-financiero y, de facto, una criatura al margen del ordenamiento legal general.”
¿Hay bases para denunciar una expropiación financiera de la política, justificada por las urgencias de la crisis y parapetada en un oscuro lenguaje tecno-críptico que encubre su verdadera naturaleza? Creo que sí. Profundizaremos más en esta importantísima cuestión regateada por la necesidad de “hacer algo” contra el abismal deterioro de la economía. Pero, ¿ese “hacer algo” permite repetir los errores que condujeron a la crisis? De momento ya está claro que la prioridad absoluta es que los recursos públicos se destinen a salvar intereses financieros claramente privados mediante el mecanismo de la socialización de las pérdidas, que la izquierda más anacrónica saluda y reclama como “nacionalización de la banca”. También que en nombre de este objetivo gobiernos y parlamentos están aprobando medidas de enorme alcance que ponen el verdadero gobierno de la política económica en manos de gestores y tecnócratas que, ¡vaya por dios!, son de la misma tribu que desencadenó la mayor crisis financiera internacional desde 1929. Y que esos supuestos sabios que no deben ser perturbados por el escrutinio público o las leyes comunes han recibido poderes que en una democracia son indelegables, porque corresponden a instituciones públicas elegidas por el voto popular o controladas por las instituciones representativas, tales como los propios Gobiernos del Estado, los Parlamentos, los Tribunales de Cuentas, etcétera. En resumidas cuentas: nos están privando de la capacidad no ya de decidir qué políticas económicas preferimos, sino incluso de saber qué políticas económicas se están aplicando, por quiénes y con qué consecuencias. Un drástico deterioro y recorte de la democracia.
-Creo que la política se está convirtiendo en una película de ciencia ficción, dónde todo es dinero y dinero que se mueve ¿controlado por quién?, acaso la economia puede estar por encima de todo, ¿acaso no hay nada para respetar, sólo el dinero?.
-Si somos decentes sabemos que hay cosas que no tienen precio.
-Por desgracia el dinero es demasiado poderoso.
-Entonces todo el futuro es negro.
-Estamos nosotros ¿no?.
-Haremos lo que podamos.
-No te deprimas, por favor.
Tan necesario, o más, es abrir un proceso constituyente en España como en la Unión Europea. Llegados a este punto en que compartimos moneda y la única respuesta posible a la crisis es común, la única alternativa democráticamente legítima es construir una unión nacional de verdad en Europa.
El ejército, la política monetaria, la política económica, la fiscalidad y la acción exterior (tanto la representación ante organismos y gobiernos extranjeros e internacionales como la atención consular) deben ser competencias exclusivas de la Unión Europea. Además, la Unión debe dotarase de una auténtica Constitución que establezca unos derechos fundamentales y unas obligaciones iguales para todos los ciudadanos de la Unión.
Aquellos países, que como el Reino Unido no deseen participar, deben elegir de una vez entre quedarse o irse. Y no participar con la única finalidad de parar las cosas desde dentro para evitar la existencia de una Europa unida de la que ellos no formen parte y que les pueda aislar en su entorno geográfico, geopolítico, económico y comercial.
Lo contrario a esta unión es lo que vemos ahora. El funcionamiento confederal conduce a que los países (sobre todo determinados países, como Alemania) tengan capacidad de tomar decisiones -o bloquearlas- que afectan a los demás. Incluso la propia Comisión Europea (el auténtico poder ejecutivo de la Unión) carece de legitimidad democrática, ya que no es elegida electoralmente por los ciudadanos. Y aunque se ha avanzado en su control parlamentario -por parte del parlamento europeo-, la realidad es que su elección y control sigue dependiendo más del Consejo -es decir de los gobiernos de los Estados-.
Mientras estas cosas funcionen así, no debemos extrañarnos -aunque sí escandalizarnos- de aberraciones antidemocráticas como las del FROB y el MEDE que expone Carlos en el artículo. Aunque no sólo eso. Toda la política económica y social del actual gobierno español -y la del anterior- nos viene impuesta por instituciones exteriores y gobiernos extranjeros sin ninguna legitimidad democrática ni legal para ello.
Y mientras tanto, veremos como Otras potencias como EE.UU. dotadas de un poder político efectivo, eficiente y eficaz son capaces de adoptar medidas y decisiones efectivas frente a la crisis -pero también en cualquier otro ámbito o cuestión-, mientras en Europa adoptar cualquier acuerdo -desde el más mínimo e insignificante hasta el más necesario y urgente- requiere de enésimas cumbres, reuniones del consejo, dictámenes de la comisión y constitución de inútiles comisiones.
Por otra parte, una Unión Europea construida en todos los ámbitos respetando las líneas rojas de un número de estados miembros cada vez mayor, se convierte cada vez más en auténtico Frankenstein tan inoperante e ineficaz como ineficiente.
La propia -mal llamada- Constitución Europea es un ejemplo clamoroso de ello. Fue redactada para no violar ninguna de las Constituciones y legislaciones básicas de ningún estado miembro ni tampoco ninguna línea de ningún gobierno. De este modo, nos quedamos con una constitución tan vacía de contenido que no contempla ni reconoce ni un sólo derecho fundamental a todos los ciudadanos europeos. Y al final se ha quedado en un mero texto refundido de tratados internacionales que ya estaban en vigor.
La mera existencia del Consejo Europeo (donde están representados todos los gobiernos nacionales), y sobre todo el hecho de que todas las decisiones relevantes se deban aprobar allí (en detrimento del Parlamento Europeo -poder legislativo- y la Comisión Europea -poder ejecutivo-) es una aberración antidemocrática, además de conducir a un funcionamiento absolutamente inoperante. Es como sí en España (donde no es que estemos para dar muchas lecciones de organización y funcionamiento del estado y la administración) en lugar del Congreso de los Diputados y el Gobierno, las tomara la Conferencia de Presidentes autonómicos.
Y así ocurre, como vemos cotidianamente, que decisiones importantes y urgentes (como sin ir más lejos la aprobación de los mecanismos de rescate bancario) no sólo quedan condicionadas a la aprobación o al bloqueo de unos cuantos países (con Alemania a la cabeza, pero también Holanda y Finlandia), sino que además los gobiernos de estos países se permiten retrasarlas a su antojo de forma injustificada.
Creo que hay que dejarse de gaitas. Ni todo es tan blanco ni negro.
El franquismo trajo desarrollo tecnocrata al igual que la democracia española, la misma que ahora se ha convertido en la tonta a apalear.
Se confunde una desastrosa política de los últimos 8 años ( ZP) con que todo el sistema esta mal. No, este desastre ha llegado a este extremo porque llegó al mando la mayor desgracia gestora (técnicamente hablando) aun cuando fuera en términos propagandísticos fuera una maquina de hacer ideología ( es sorprendente ya casi nadie se acuerda de él, es como si no hubiera existido, pero era DIOS¡¡¡¡¡).
Osea que por ese camino prefiero el riesgo de un exceso de tecnocracia a el exceso de política ideológica por muy democrática que fuera.
La pregunta es como ese señor y esa política pudo llegar al gobierno, y ahí esta el defecto del sistema a subsanar. Los paises en los que tales personajes, en esencia estrellas de la demagógica y la propaganda, llegan a tal extremo de poder están condenados todos( lo hagan democráticamente como mediante la fuerza) y si por accidente alguno llega a los que denominamos serios ( Alemania, Francia o Inglaterra echemonos a temblar)
El sistema democrático que tenemos es tan malo o bueno como los de nuestro en torno salvo porque fue incapaz de evitar a un ZP, al igual que el Italiano no evitó a Berlusconi, aunque creo que este ha hecho mucho menos daño a su país.
Si UPYD expone cuales son esos filtros de control podrá mostrar su voluntad de reformar seriamente. No se trata de cambiarlo todo por cambiar pues no todo está tan mal. Por ese camino sin duda terminaremos llamando a personajes aun mas siniestros ( léase 15-m o 25 s, y finalmente la democracia mutara a no se que cosa).
Para concluir, el poder financiero al menos en España dejo hacer a los políticos y estos nos ha llevado a la ruina.Su responsabilidad según el argumento de Gorriaran es no haber intervenido entonces para hacerlo ahora. Dejemos de desviar responsabilidades, y los financieros piensan en dinero porque es su naturaleza, es su función y con ella no están salvando, aun que estén lidapidando soberanías e instituciones democráticas, como la nuestra, aunque a ello en ultima instancia se esta prestando nuestro gobierno dándole por tanto legitimidad al proceso.
Para saber cómo llegó JL Zapatero a Presidente del Gobierno, preguntémonos primero cómo llegó a Secretario General del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno. La respuesta es fácil: después de 20 años sentado en un escaño por León del Congreso de los Diputados, que consiguió y conservó a codazos dentro del PSOE leonés y sobre todo acatando dócilmente el ilegal mandato imperativo que supone la disciplina de partido. Lamentablemente, no es un camino muy diferente a cómo han llegado hasta el mismo sitio José María Aznar o Mariano Rajoy.
A diferencia de otros países, como EE.UU., donde un candidato dispone de una única oportunidad para ser candidato a Presidente, y si pierde en el primer intento es impensable acaparar una segunda oportunidad en detrimento de otros candidatos; en España la mayoría de los Presidentes (Felipe González, Aznar y Rajoy) han llegado al cargo al enésimo intento, más por agotamiento y desgaste de su rival que por méritos propios.
En los partidos políticos españoles se alcanza el poder de forma antidemocrática, conspirando dentro del aparato de los partidos, teniendo intuición o suerte para jurar lealtad al bando ganador (de esto Gabriel Elorriaga y Juan Costa han debido aprender bastante) para luego esperar la oportunidad. Los congresos de los partidos están clamorosamente controlados por los aparatos y las direcciones de los partidos.
La falta de democracia interna y el funcionamiento mafioso de los partidos políticos hegemónicos es, sin duda, uno de los principales problemas del sistema político español. Pero este problema no es, ni muchísimo menos, exclusivo del PSOE, y menos aún de Zapatero (por más que con la inestimable ayuda de su lugarteniente Pepiño Blanco, en su primera legislatura hiciera una limpieza interna digna de la Stasi).
No estoy tampoco de acuerdo, ni muchísimo menos, en diagnosticar como único problema de España el cáncer que supuso la presidencia de Zapatero. Por mucho que ZP agudizara todos los problemas del país, desgraciadamente, la enfermedad del paciente se debe también a otros patógenos y sobre todo a ciertas patologías crónicas. Los problemas económicos y los territoriales son los síntomas más visibles de la enfermedad que padece el país (y ambos han sido indudablemente potenciados por la irresponsabilidad, la frivolidad y la falta de escrúpulos de Zapatero y su gobierno).
Sin embargo, detrás de todo ello está un sistema político (estado de las autonomías) que lejos de cerrar el problema nacionalista y territorial lo ha ido engordando y retroalimentando. En España en 2012, el nacionalismo y el independentismo son muchísimo más virulentos, radicales y con mayor apoyo social que el que tenían en 1977. El sistema ha fracasado estrepitosamente en su objetivo declarado de dar encaje a los nacionalistas y cerrar las tensiones territoriales.
Pero no solo eso. Desde el punto de vista económico, Ese mismo sistema se terminado por revelar como caro e ineficiente, hasta el punto de ser clamorosamente insostenible económicamente. Y por el camino, el sistema ha sacrificado la igualdad entre los ciudadanos y las libertades fundamentales, que se supone que deberían de ser las bases elementales de un estado de derecho.
En definitiva, no sólo nos ha fallado Zapatero, sino todo el sistema político articulado en la transición por medio de la Constitución.
Concidiendo con el enfoque de FROB y MEDE, no es menos cierto es que el barniz democrático se lo otorga el PP con su mayoría de votos y no hay contrapoder (jurídico) que pueda hacer nada. Una democracia imperfecta nos ha traído esta ruina, no tutelando debidamente a sus ciudadanos y triturando instituciones a su capricho.
Lo ejemplar el comportamiento cívico de sus ciudadanos, pero cuidado que no somos de términos medios.