Rajoy y la crisis de confianza: una crisis de la democracia
Antonio Gramsci definió con gran acierto las crisis históricas como esos momentos en que ya ha muerto lo viejo sin que lo nuevo acabe de nacer. Sin duda estamos en una de ellas: a casi tres años de las próximas elecciones generales, Rajoy ya es un muerto político, sin que los partidos tradicionales que se ofrecen a ocupar su silla propongan nada nuevo. Algunos llevamos tiempo advirtiendo de que la crisis de fondo en España era una crisis política antes que sólo económica, y un factor agravante de ésta. Y hemos vuelto a acertar contra la indiferencia, el desprecio o la hostilidad con que el establishment ha recibido todas y cada una de nuestras advertencias y propuestas para resolverla antes de que degenerara en crisis de la democracia. Uno de los más hostiles ha sido siempre Mariano Rajoy, que invariablemente ha contestado con desprecio e indignación todas las intervenciones parlamentarias de Rosa Díez advirtiendo, y ya desde 2008, de la grave amenaza representada por la corrupción política y la urgencia de atajarla activamente sin escudarse en la tan desacreditada, por el abuso, “presunción de inocencia”
Es cierto que Mariano Rajoy podría buscar excusas en la abundancia de malas compañías en su actitud negacionista: todo su partido, y todos los demás partidos viejos, con sindicatos, patronales y mayoría de grupos de comunicación, han tendido a relativizar el problema de la corrupción y la opacidad o a usarlo únicamente como ariete contra sus rivales y algún chivo expiatorio ocasional. Ninguno de los partidos tradicionales se ha librado de protagonizar diversos escándalos, pero sobre todo han sido tolerantes y pasivos con la corrupción, lo que permite hablar con toda propiedad de la corrupción como delito organizado y práctica institucionalizada. Y la consecuencia de esta actitud irresponsable y sospechosa ha sido la destrucción de la confianza.
La democracia se basa en la confianza mucho más que en cualquier otro valor: confianza en que las instituciones harán su trabajo, en que las leyes se cumplirán y en que las reglas no escritas funcionan. Es confianza en que tus derechos, bienes y libertades están a salvo, protegidos por el Estado de derecho y por la igualdad jurídica. Es aquello de Churchill de que democracia es que llamen a tu puerta a las seis de la mañana y sólo sea el lechero, en vez de un agente de la Gestapo o la NKVD.
Tras la destrucción de la confianza, todo aparece envuelto por el halo de la sospecha, sea una sospecha honestamente verosímil o interesadamente maligna; la segunda puede muy pronto desbancar por completo a la primera, como pasó en los años veinte y treinta del siglo XX en muchos países, cuando se renunció a mejorar o implantar la democracia en beneficio de la tiranía de líderes o partidos visionarios: por eso la destrucción de la confianza en las instituciones es una crisis de la democracia. Y eso es, ni más ni menos, lo que nos está pasando en España.
Como no podía ser de otra manera, para utilizar una frase suya, esta crisis ha acabado encarnada en la persona física e institucional de Mariano Rajoy. Y no tanto por sus presuntos manejos turbios, que si no han sido suyos sin duda ha tolerado o alentado en su entorno -como a esos ex altos cargos enriquecidos ilegalmente, como el propio Bárcenas, delincuente probado aunque algunos delitos que podían imputársele hayan prescrito-, como por su negativa terca, imprudente e irresponsable a luchar contra la corrupción de las tres únicas maneras en que es posible en una democracia, a saber:
a) Aprobando leyes eficaces de prevención, sanción y persecución de la corrupción individual y organizada.
b) Adoptando la transparencia activa obligatoria para todas las administraciones e instituciones políticas, desde el Gobierno del Estado hasta partidos y sindicatos.
c) Impulsando la independencia y eficiencia de la administración de justicia, renunciando a cualquier manipulación del poder judicial y dotándola de medios materiales y humanos suficientes para hacer bien su labor.
No hace falta mucho esfuerzo para demostrar que se ha hecho exactamente lo contrario: negar la corrupción como problema político para rechazar propuestas de leyes anticorrupción específicas, o aprobar medidas tímidas e incluso, aprobándolas (como la responsabilidad penal de partidos y sindicatos vigente desde enero), preferir taparlas para que no se hable de la corrupción que combaten. La Ley de Transparencia presentada al Congreso es tardía y tímida: pretende incluir el silencio administrativo, exigir la justificación de la solicitud de información, y excluir a la Casa Real (gravemente involucrada en el caso Noos) y a los partidos políticos (sin comentarios) de la exigencia activa de transparencia. Finalmente, la urgente necesidad de una justicia independiente, eficaz y creíble ha sido respondida con la demencial reforma Gallardón: Ley de Tasas, nuevo reparto del CGPJ entre PP y PSOE, restricción de la acusación particular y disminución del número de jueces. Una calamidad tras otra.
Y así hemos llegado a ese punto en que ya nadie puede creer, ni aunque lo desee, las explicaciones y negaciones del Presidente del Gobierno porque son tardías, incompletas y unilaterales, y vienen precedidas de demasiadas mentiras y engaños, tanto sobre la crisis como sobre el programa de gobierno propuesto (y votado) para atajarla. Se le pide ya que demuestre su inocencia y la de su partido; incluso analistas amigos, como José Antonio Zarzalejos, le exigen que en su caso se invierta la carga de la prueba. Expresivo indicador de crisis de la democracia, porque una de las reglas sagradas de ésta es que sea el acusador, y no el acusado, quien aporte las pruebas de la culpa. Pero por lo demás, Rajoy tampoco puede ser imputado en un juicio por corrupción con lo que se ha publicado (hasta ahora): unas anotaciones inculpadoras del principal beneficiario, el extesorero Bárcenas, relativas a actuaciones fiscales ilegales que ya han prescrito. Y perversamente mezcladas con otras totalmente inocuas, como préstamos a miembros del partido, o ayudas a concejales perseguidos por ETA para blindar los cristales de su casa. Para más confusión, Bárcenas niega ahora que sean sus anotaciones genuinas, y se insinúa incluso que podría haberlas fabricado ex profeso para chantajear a su partido e impedir una querella contra él. Es la estrategia del ventilador y del caos en su apogeo.
Por tanto, no será la justicia la que nos saque de ésta. Volvamos la vista hacia las posibilidades de la política y la ética pública.
A este respecto, ¿estará la salida de la crisis en la dimisión de Rajoy y o en un adelanto de las elecciones? Si no hubiera una crisis general de la confianza en el sistema democrático sería una salida legal, aunque de dudosa viabilidad porque el PP tiene mayoría absoluta y puede resistir hasta 2015 mientras no se escinda (y no va a escindirse con encuestas tan calamitosas de intención de voto). La salida de Rajoy no solucionará nada si no conlleva un programa de regeneración que incluya una reforma constitucional y una reforma de la Ley Electoral. No creo que una eventual mayoría de socialistas, más IU y nacionalistas, igual de responsable que el PP del actual deterioro, regenere nada de los que ellos mismos han creado: este bipartidismo degenerado. Al contrario, una mayoría parlamentaria semejante aumentaría la crisis porque ya sabemos que los socialistas rechazan todas las reformas indispensables, que IU busca un modelo político diferente -sin UE y con economía nacionalizada-, y que los nacionalistas aprovecharían para acelerar la secesión de sus territorios con consecuencias imprevisibles. No necesitamos otra alternancia bipartidista, sino renovar las instituciones para depurar la corrupción, hacer justicia y establecer la transparencia de la vida política y económica. Y eso no va a hacerse mediante una campaña electoral.
Debemos restaurar la confianza democrática mediante una regeneración urgente de las instituciones. Es imprescindible aprobar cuanto antes, por vía de urgencia, leyes anticorrupción y de transparencia efectivas, conseguir una justicia independiente para restablecer la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes sin excepciones, y acometer políticas de igualdad de oportunidades y reparto equitativo de los costes de la crisis; esto supone derogar retroactivamente la amnistía fiscal, perseguir el fraude, iniciar la reforma laboral, dedicar los recursos públicos al empleo, la creación de empresas y la educación e investigación. Nada distinto de lo que llevamos cinco años pidiendo, pero ahora es más urgente y claro que nunca.
Por tanto, el PP y PSOE, como partidos más votados y más responsables del deterioro actual, deberían comprometerse pública y solemnemente a impulsar y culminar este mismo año el programa básico de reformas democráticas, que debe incluir una Ley Electoral más justa y proporcional, y tras esto convocar elecciones generales con el fin de elegir un nuevo Parlamento que reforme la Constitución de acuerdo con las aspiraciones ciudadanas y las exigencias de una democracia del siglo XXI. Esto, de hacerse, sí sería el paso a un nuevo tiempo político a partir del propio sistema.
No me disgusta observar desde primera fila los últimos coletazos agónicos del stablishment de la Cultura de la Traicision.
Es posible que en los dos partidos mayoritarios existan afiliados con ganas de aplicar lo que Carlos indica, el único problema es que estas personas no están en los órganos de dirección, ni de poder de esos partidos, algunos asqueados incluso han dimitido de sus cargos y se han ido.
Es difícil que estos señores se peguen un tiro en sus pies después de tantos años, pero este estado está tan esquilmado, que creo que o se hace lo que sugiere Carlos con seriedad y con buen pulso, o España puede saltar literalmente por los aires. Estamos hablando de algo muy serio que no podemos aplazar por mucho tiempo más.
La única solución estaría en que el Rey, cumpliendo con su papel de árbitro que la constitución le confiere, tras la dimisión de Rajoy propusiera como Presidente de Gobierno a una persona que no pertenezca a la cúpula de ningún partido (que por cierto es lo que siempre se deberia de hacer para poder garantizar la independencia de poderes).
¿No hay dentro de España ninguna persona que sea digna de tal nombramiento y a la cual no puedan respetar todos los partidos?
La primera señal de una verdadera intención regeneradora, debería ser la retirada de la «Reforma Gallardón» de la justicia, que, de no ser así, daría lugar a una ley que podriamos calificar de totalitaria sin temor a exagerar.
Estas personas viven el día a día tan alejados de los problemas reales de la gente, del pueblo, que no están capacitados para solucinar casi nada, su extraordinaria ignorancia emocional y su alto ego personal es una tara que no les permite entender los problemas de esta españa nuestra, no entender los problemas del pueblo es un rasgo natural de esta oligarquía que nos axfisia a todos, de esta casta de Iluminados que se creén imprescindibles, su ego no les deja ver el bosque.
Estar al lado del pueblo es estar del lado de España.
Un hombre no tiene mayor valor que el de ser un hombre y deben comportarse como tal, estos «hombres» volverán a la mísera tierra de la que partieran sin oir cantos ni llantos ni alabanzas.
Yugos nos quieren poner gentes de mala hierba, yugos que debemos romper sobre sus espalda.
Respecto a la crísis, creo que desde el UPyD se debería de valorar la posibilidad de crear un pseudoparaiso fiscal en el sur de España, parecido a Gibraltar, o lo que hacen los británicos con la isla de Jersey, Caimán, como la City británica o Hong Kong en China, se podría utilizar las mismas Eurovegas, esto no arreglaría España pero ayudaría, no es algo que se va a hacer rapidamente, pero sería una salida.
También creo que se deberían de crear dos cámaras en España, una de las antiguas colonias españolas y portuguesas (incluyendo al mismo Portugal) y otra del Mediterráneo (tanto la parte europea como la africana y asiática), para activar la economía y esas zonas, el ejemplo sería el Parlamento Europeo y la Commanweth.
Si se hacen estas cosas, cambiarían el futuro de España.