Por qué no quieren una Ley de Transparencia para una democracia avanzada
Como nos temíamos, el principal acto del debate parlamentario sobre la Ley de Transparencia pasó con más pena que gloria por los medios de comunicación. La mayoría de las crónicas celebraban como un saludable ejercicio de consenso el acuerdo entre PP, PSOE, CIU y PNV para pactar los límites de una ley nacida insuficiente. Y esas mismas crónicas pasaban por alto, o apenas la mencionaban, la argumentación de nuestra enmienda a la totalidad. Lo que importaba era, de nuevo, el bendito consenso, como si no fuera el mismo consenso entre los responsables de que España sea el único país de la Unión Europea sin ley de transparencia.
No voy a detenerme en detallar los argumentos que expuse en el Congreso de los diputados para solicitar la devolución al Gobierno de una Ley de Transparencia que también ha servido para actualizar los tradicionales cambalaches y opacidad. Los argumentos pueden verlos en este enlace. Y aquí hay un resumen independiente de las limitaciones del Proyecto de Ley de Transparencia. Conseguimos -aunque muy pocos se enteraran- que el debate acabara girando sobre nuestras objeciones y críticas de fondo, porque los nacionalistas se limitaron a reclamar, y conseguir, que la Ley de Transparencia no fuera contra sus intereses, y los socialistas se pusieron completamente de perfil. Respecto a IU, nadie toma muy en serio la exigencia de transparencia de un partido que en marzo acordó en secreto subir las dietas de los portavoces del Parlamento de Andalucía, ellos incluidos.
La cesión ha sido doble: primero, la Ley de Transparencia no será Orgánica, lo que significa que tendrá menos rango que la de Protección de Datos (que podrá invocarse para denegar sin más argumento el acceso a muchas informaciones), pero sobre todo que no limitará el desarrollo de leyes autonómicas que pueden ser muy diferentes y crearán de facto 17 “sistemas de transparencia” distintos (algo que ya es, en sí, opaco), ni afectará a los Gobiernos y administraciones autonómicas, que tendrán su propia ley. Así que los derechos reconocidos a los ciudadanos y las obligaciones de gobiernos y administración también serán incoherentes y desiguales.
Pero la principal cesión no afecta al reparto territorial sino al ámbito material de la ley, que prácticamente se limita a la petición de información a las administraciones, que pueden contestar con silencio negativo, y renuncia a desarrollar el derecho de acceso a la información como un derecho básico, algo que puede hacerse perfectamente desarrollando el artículo 20 de la Constitución (ya se hizo para la Protección de Datos, que tampoco se cita literalmente en el texto constitucional, a partir de lo dispuesto en el art. 18.4 CE). De nuevo nos encontramos con la negativa de PP, PSOE y nacionalistas a desarrollar la Constitución para ampliar libertades y derechos ciudadanos, en contraste con la facilidad para reformarla, con nocturnidad y alevosía, si hay que garantizar a los acreedores internacionales el pago de la deuda (art. 135) o, por la puerta de atrás, convertirla en papel mojado en las reformas de Estatutos de autonomía. Es decir, interpretar la Constitución para satisfacer la insaciable sed de poder nacionalista, sí; para que los ciudadanos ejerzan mejor y mayor control del sistema político, no.
La transparencia, como el derecho de acceso a información o la dación de cuentas y la evaluación externa (a las que está unida), no es la panacea. No es la varita mágica que va a conseguir implantar de un día para otro una democracia más decente, más eficaz y con un gobierno más responsable: para eso lo fundamental e insustituible es una sociedad íntegra, responsable y exigente. No, la transparencia es una herramienta, pero una herramienta que, bien usada, puede conseguir cosas que ahora parecen imposibles. Es, sobre todo, un gran instrumento de prevención de la corrupción, el despilfarro y las decisiones irresponsables. Y por tanto, un instrumento real de aumento de la participación ciudadana. También es fundamental para conseguir reguladores y supervisores realmente independientes (como el Banco de España o la CNMV, que han jugado un papel deplorable en los casos de Bankia y las Preferentes), mejorar el régimen de incompatibilidades e introducir la evaluación externa de las decisiones de gobierno a cualquier nivel. Aparte, claro está, de para saber qué se hace exactamente con nuestro dinero y combatir mejor el fraude fiscal. Casi nada.
Con una buena Ley de Transparencia con todos estos objetivos (como la que registró UPyD ya en la anterior legislatura y no fue posible debatir) no habría sido igual la gestión desastrosa de las Cajas de Ahorro, o la estafa masiva de las Preferentes. En efecto, habríamos conocido la verdadera situación financiera de las Cajas, los informes de Banco de España y CNMV sepultados en cajones, la responsabilidad de las decisiones políticas que se estaban tomando -como la venta masiva de 30.000 M€ a pequeños ahorradores-, y las consecuencias para el país de la enorme deuda generada -en torno a 260.000 M€ usados o comprometidos- por las nacionalizaciones de deuda privada que no debieron producirse. Y, como consecuencia, no tendríamos este gigantesco nivel de paro porque habría recursos públicos para reanimar la economía, formar a los parados, y conceder crédito y ventajas fiscales a las empresas. Y sin recortes en sanidad, educación, I+D o inversiones (y nada digamos si a eso añadimos el ahorro conseguido eliminando duplicidades por el adelgazamiento del elefantiásico Estado de las Autonomías).
Naturalmente, una Ley de Transparencia decente y bien usada no sólo habría prevenido el desastroso desarrollo de la crisis financiera: habría impedido la institucionalización de la corrupción en ayuntamientos, entidades de todo tipo, diputaciones, partidos políticos, sindicatos, patronales, etc. Habríamos sabido a qué se dedicaba el dinero de los falsos ERE de Andalucía, o los créditos de Cajamadrid para los chanchullos de Díaz Ferrán, o el funcionamiento de la trama Gürtel, o la Pallerols, o los negocios de Urdangarín y… docenas de escándalos más. Y despilfarros como aeropuertos para que corran los conejos, líneas de AVE sin sentido y de rentabilidad imposible, inauguraciones de centros de todo tipo sin financiación. Sabríamos perfectamente de dónde y cómo se financian los partidos políticos, los sindicatos, las patronales y otras entidades satélites. Y cuánto regalan como subvención disimulada a los medios de comunicación amigos en publicidad institucional. O de quiénes son las empresas de sanidad o servicios a las que se externaliza la gestión sin un solo informe económico presentable. O las concesiones de autopistas con tráficos futuribles, y esos cursos de formación a parados que no sirven para nada pero vienen muy bien a los sindicatos. Y muchas otras cosas que, para los partidos viejos, no nos conviene saber porque dicen que no somos ciudadanos preparados para emplear derechos avanzados. Ven: ¿entienden ahora por qué PP, PSOE y nacionalistas quieren una Ley de Transparencia lo más opaca posible? Porque no quieren una democracia avanzada donde tendrían tanto que perder. Y nosotros los ciudadanos tanto que ganar, claro está.
Vídeos de mi intervención y de la réplica a la Vicepresidenta. Más sobre el tema en pasadas entregas del blog:
El papel de la transparencia en el rescate de la democracia
¿Qué hacemos con la corrupción política?
Sobre verdad y engaño en la acción política, o los graves daños políticos del hábito de mentir
Cuando en un país llevan gobernando demasiados años los mismos, éstos terminan corrompiéndose, éso ha ocurrido en España con PPSOE y nacionalistas incluso IU y sindicatos. Si los ciudadanos no reaccionamos seguiremos siendo un país mal administrado y corrupto.
Cuando se comete un crimen, cuantos menos testigos haya mejor.
Por lo menos en la ley navarra contiene un silencio positivo a las peticiones de información. (y 75 repeticiones del sintagma «ciudadanos y ciudadanas).
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
¿Siempre «ciudadanos y ciudadanas» o va alternando? 😀
¿Por cierto, sabían Uds. que el Estatuto de Andalucía es anticonstitucional?
Don Carlos Martínez Gorriarán lo explica muy bien.
Yo quisiera preguntar, si la Directiva exige una respuesta en cada caso concreto. Las leyes que admitan el silencio administrativo y los propios actos de silencio de la administración que de ellas se deriven serán recurribles ante las instancias europeas ¿verdad?
Que esfuerzo más patético por resistirse a la verdadera transparencia.