El expolio del Almacén de gas Castor. Otro saqueo político-económico organizado
Es difícil que un ciudadano corriente esté al tanto del nuevo expolio del dinero de todos perpetrado la semana pasada en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó el Real Decreto Ley 13/2014 (RDL) que fijaba la indemnización a las dos empresas concesionarias del almacén de gas natural llamado Castor. La razón es simple: a la complejidad técnica del asunto se une la circunstancia de que las empresas beneficiadas, ACS y Enagás, son poderosos agentes publicitarios, así que la mayoría de los medios convencionales han informado con sordina de esta parte de la sórdida historia del Castor. Por fortuna, existen internet y los blogs.
Esta historia costará a los ciudadanos cerca de 1.350 millones €, más los intereses, a pagar en 30 años con un interés anual del 4’27%, a través de la correspondiente tasa metida en la factura del gas. La Organización de Consumidores y Usuarios ha calculado que el importe final a pagar será de 4.731 MM€. Una vez más los errores de planificación, el capitalismo de amiguetes y las simples tropelías de golfos organizados se traducirán en un ascenso injustificable de la factura energética industrial y doméstica. Y por tanto industria menos competitiva, menos actividad económica, más paro y peor calidad de vida para las familias afectadas por la pobreza energética. Injustificable encarecimiento porque nada tiene que ver con una posible alza del precio del gas natural –en realidad está bajando- ni con nuevos costes justificados del sistema del gas. Pero su dinero y el mío servirán para que una inversión mal hecha no produzca pérdida alguna a los responsables, es decir, de nuevo para socializar pérdidas y rescatar a malos gestores.
Optimismo gaseoso y burbuja energética
El Castor, ubicado en un yacimiento de petróleo abandonado cerca de Vinaroz, saltó a la fama cuando, hace unos meses, una serie de terremotos en la costa mediterránea alarmaron a la población de la zona. Se trataba de lo que técnicamente se conoce como “sismicidad inducida”. Los estudios revelaron que la estructura geológica subterránea bajo el fondo marino que servía de almacén incluía una falla profunda activada por la inyección de gas para iniciar el almacenamiento. Se descubrió también que una institución científica dependiente del CSIC, el Observatorio del Ebro, había advertido en el preceptivo informe de impacto medioambiental de la alta posibilidad de que esto ocurriera y aconsejado abandonar el proyecto. También que la empresa concesionaria formada por ACS y Enagás, llamada ESCAL, no había hecho los estudios adicionales necesarios para aceptar o corregir la previsión del Observatorio, finalmente confirmada por los hechos. Y además que, como suele ser usual, la administración había ignorado el informe medioambiental preceptivo.
En 2008, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero (sí, el mismo) adjudicó por decreto, el RDL 855/2008, la concesión del almacén de gas Castor a ACS y Enagás. La excepcionalidad de la concesión se justificaba por el carácter de infraestructura básica, estratégica, de este almacén de gas, capaz de contener el gas necesario para el consumo nacional de 17 días. España ya tenía otros tres almacenes subterráneos de gas (el submarino Gaviota, cerca de Bermeo; y en tierra Serrablo y Yela), también atribuidos por RDL (1061/ 2007 o 1804/200), pero el redactado para Castor (Almacén subterráneo de gas natural de Amposta) incluía una innovación excepcional en su art. 14: garantizaba a las empresas concesionarias el 100% del retorno de la inversión en caso de que decidieran abandonarla por causa justificada. Por tanto, el riesgo de la inversión era cero para empresas y accionistas, y del 100% para el erario, obligado a resarcirles en caso de dificultades sobrevenidas. Es difícil concebir un acuerdo en condiciones más ventajosas para las empresas y más lesivas para el interés general representado por el Estado.
Desde los años 90, y antes, los sucesivos gobiernos españoles han puesto grandes esperanzas, y dinero público, en el desarrollo del gas natural como fuente de energía básica, a pesar de que casi importamos el 100% que consumimos (producido en Argelia, en nuestro caso). Eso llevó a desarrollar con grandes inversiones un sistema gasista que se ha revelado excesivo a todas luces. Puede que una conexión suficiente con Europa hubiera justificado y rentabilizado los gasoductos, almacenes subterráneos, plantas regasificadoras y centrales eléctricas de gas en ciclo combinado, pero la crisis económica y el desarrollo de las energías renovables, unida a la inexistencia de tales conexiones europeas por la deficiente política energética de la UE, convirtió gran parte de esa inversión en ruinosa.
Empresas como Iberdrola tratan ahora de desprenderse de plantas de ciclo combinado –responsables de parte del llamado “déficit de tarifa eléctrico” por las primas que se comprometieron para abrirlas y mantenerlas- vendiéndolas a otros países con la esperanza de recuperar al menos el 25% de la inversión. Pero en su día parecía un negocio tan atractivo, sobre todo por las garantías dadas por los gobiernos de PP y PSOE de negocio redondo sin riesgos, que incluso empresas sin experiencia en la energía decidieron entrar en el reparto de los beneficios asegurados con más imprudencia que otra cosa. Una de ellas fue ACS.
Capitalismo de amiguetes o negocios sin riesgo por la protección política
ACS es una de las empresas más conocidas del ramo de la construcción y de la ingeniería civil, entre otras cosas por la fama futbolística de su rico presidente, Florentino Pérez. En el Consejo de Administración de ACS, que creció como la espuma durante la burbuja inmobiliaria y de infraestructuras, aparecen viejas familias del capitalismo castizo como los March o los Albertos, siempre involucradas en negocios, y no todos limpios, gracias a sus amistades políticas. Es fama que muchos negocios de ACS con las administraciones públicas, uno de sus mejores clientes, se cerraban a menudo en el Palco presidencial del Bernabéu, al que todos los días de partido asisten como invitados no sólo personajes del mundo del deporte, sino de la comunicación, la empresa, las finanzas y los poderes públicos. Cabe que el suculento proyecto del Castor se negociara allí. ACS no tenía experiencia en energía ni el negocio del gas, pero para eso tenía como socio a Enagás, que aportaba la capacidad técnica y el conocimiento necesario.
Enagás es hoy en día una empresa privada, pero en origen era una empresa pública del Estado. Como todas ellas, fue privatizada en tales condiciones que se asegurara su control por el poder político y financiero tradicional. Hoy, su Consejo de Administración rebosa de ex cargos del PP -Marcelino Oreja Arburúa, Hernández Mancha, Isabel Tocino, Ana de Palacio- en una palmaria demostración de la mala práctica llamada “puerta giratoria”, por la que ex altos cargos políticos entran en el Consejo de Administración de la empresa a la que han protegido desde el gobierno con toda clase de favores legislativos y de contratos públicos.
Cero riesgo privado, grandes pérdidas públicas
El RDL de Zapatero garantizaba al pool compuesto por ACS y Enagás que si las cosas pintaban mal podrían abandonar la concesión del Castor y recuperar toda la inversión siempre y cuando hubiera una “causa justificada”. La causa invocada ha sido la sismicidad inducida, es decir, los terremotos provocados por la inyección de gas. Sin embargo, y como hemos apuntado, el estudio de impacto medioambiental había advertido del elevado riesgo de que se produjera. ¿Por qué se siguió pues adelante? Porque las condiciones tan fantásticas invitaban a hacer la inversión ya que, pasara lo que pasara, el Estado garantizaba recuperar lo invertido. Más aun, con la fórmula de pago elegida ACS y Enagás cobrarán más de lo invertido gracias a los intereses anuales de la deuda pendiente: es como tener una inversión a plazo fijo a un interés retribuido superior al del mercado bancario.
Sin embargo, es muy difícil aceptar como «causa justificada» un problema geológico cuya alta probabilidad ya se conocía de antemano. Tampoco es creíble que el Gobierno de Rajoy haya batallado en el Supremo para evitar el pago de una indemnización tan injusta y desproporcionada: se ha limitado a salvar las apariencias. La demostración palmaria de que esta es la lógica del asunto es que ahora ESCAL se deshace, ACS se retira y Enagás queda al frente de la vigilancia y mantenimiento del Castor con el encargo de realizar ahora los estudios necesarios para ver si el almacén es viable o debe ser desmantelado. Como quiera que los estudios geológicos solo podrán confirmar lo experimentado, la sismicidad inducida provocada al reactivar la falla mediante la inyección de gas, es de prever que Enagás concluirá la necesidad de desmantelar el Castor, con el consiguiente coste adicional que de nuevo volveremos a pagar todos. Negocio de amiguetes, negocio redondo.
Otra pequeña y ejemplar historia de las razones profundas de la crisis económica que sufrimos, en buena parte causada por un sistema oligopólico donde poder político y económico se respaldan mutuamente para asegurarse el práctico monopolio de los grandes negocios, y de su repercusión social injusta e insoportable en forma de déficit público, deuda, paro masivo, pobreza energética y desigualdad creciente. Aunque los responsables PPSOE de este escandaloso asunto llamen demagogia a denunciarlo. Aquí tienen el vídeo de mi intervención en el Congreso el pasado jueves 9 de octubre, denunciado este nuevo expolio.
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Gowex o el «capitalismo de amiguetes»
Gracias Carlos por este documentado y argumentado artículo de fondo. Esperemos que se difunda lo máximo posible para tener claro quienes hacen ese capitalismo de amiguetes.
LOS POLÍTICOS DEL PPSOE, NOS ESTÁN ROBANDO DESCARADAMENTE CON UNA IMPUNIDAD NUNCA VISTA HASTA EL PUNTO QUE, ES RARO EL DÍA QUE NO NOS LEVANTEMOS CONOCIENDO UN NUEVO ESCÁNDALO. ¿Que podemos hacer los ciudadanos para defendernos de estas agresiones que nos están dejando en la ruina y a la cola del mundo?
No tengo palabras para expresar mi indignación.
Gracias Carlos por tu información y tus intervenciones en el Congreso
Que fácil lo han tenido durante años PPSOE para cómodamente turnarse en el poder, asegurarse buenos puestos de trabajo al dejar la política y para robar a todos los españoles descarada y ocultamente.
¿Conocemos ya lo suficiente la corrupción del bipartidismo?, porque ya va siendo hora de que despertemos.